A raíz de solicitudes de acceso a la información de 2013 y 2014, la Secretaría de Gobernación calificó como “reservada” la información de los contratos de prestación de servicios penitenciarios privados. Esta estipulación no se justifica en virtud al interés social. Debe permitirse el acceso a la información financiera de su gestión administrativa, dado el interés público de cumplimiento de los principios del sistema penitenciario. No se pueden analizar: condiciones de vida, costo estimado de mantenimiento diario ni saber si el precio es suficiente, justificado o se pueda mejorar. Los recursos son escasos; el desperdicio y mala administración son intolerables.