El juicio político es una garantía constitucional que tiene como finalidad exigir la responsabilidad política a los altos funcionarios, cuando rebasan las facultades que les son atribuidas por la Ley Fundamental, siendo sujetos a un proceso judicial a cargo del Poder Legislativo, en el cual figura como acusado el funcionario al que se le atribuye la extralimitación de sus funciones establecidas en la Constitución. El artículo expone las características del juicio político en el derecho comparado, en México y particularmente en su funcionamiento en el Estado de Aguascalientes, haciendo un estudio de su aplicación en un periodo de 30 años (1993-2023).
