A partir de la adopción de la Constitución Política de Colombia de 1991, a la Corte Constitucional se le otorgó la responsabilidad amplia de asegurar su defensa, protección y supremacía. En atención a este mandato superior el alto tribunal ha liderado un continuo y propositivo escenario jurídico, en el que se está creando la fuente para la procedibilidad de la acción de tutela contra sentencia de tutela, alternativa que no genera inseguridad jurídica para la rama legislativa, porque no desconoce las reglas generales, específicas y subreglas de improcedencia en los términos que ha definido dicha Corporación. Mediante la Sentencia T-319 de 2019 se logra dar viabilidad a una tutela interpuesta por la defensora de familia, en el tema de la adopción de menores, en la que se ataca un defecto sustantivo en la sentencia de homologación del a quo, y el incorrecto acople de precedente por carecer de conexidad en el tema de la edad de las menores involucradas en el caso jurídico.
