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PHRŌNESIS DELIBERACIŌN-DIRECCIŌN-PRÁXIS, Vol. II (1): e2001 (2026)
https://revistascientificas.uach.mx/index.php/fronesis
Artículo Científico
Un modelo estatal de medios públicos para
Chihuahua: respuesta local a un problema
nacional
A State-Level Public Media Model for Chihuahua: A Local Response
to a National Problem
*Correspondencia: leoncioacuna@hotmail.com (Jesús Leoncio Acuña Herrera)
Recibido: 1/07/2025; Aceptado: 23/03/2026
Publicado por la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Dirección de Investigación y Posgrado.
Resumen. El fortalecimiento de la vida democrática y la consolidación de una
ciudadanía participativa requieren una sociedad debidamente informada. En
México, los medios públicos enfrentan desafíos estructurales persistentes, entre
ellos la limitada independencia editorial, la insuficiencia presupuestaria y la
subordinación sistemática a los gobiernos en turno. Aunque esta condición es de
alcance nacional, el presente trabajo examina el caso del estado de Chihuahua bajo
la premisa de que una solución institucional viable podría convertirse en un
referente replicable para otras entidades federativas. El estudio propone la creación
de un Sistema de Medios Públicos financiado con recursos del erario, pero
estructurado bajo un modelo de gobernanza que garantice autonomía editorial y de
gestión. La propuesta busca conciliar el financiamiento público con salvaguardas
institucionales capaces de prevenir la injerencia política, al tiempo que aseguren
sostenibilidad a largo plazo y rendición de cuentas democrática. El artículo analiza
los antecedentes históricos y normativos de la radiodifusión pública en México y
sitúa la propuesta en el ecosistema mediático digital contemporáneo. En respuesta
a estas dinámicas, se desarrollan y comparan dos modelos institucionales
alternativos: uno encabezado por el Gobierno del Estado de Chihuahua y otro
gestionado desde el sector universitario. El trabajo sostiene que el diseño
institucional es un factor central para fortalecer la infraestructura comunicativa
democrática en el país.
Palabras clave: medios públicos, audiencias, independencia editorial, ecosistema
digital de medios, medios locales
Jesús Leoncio Acuña Herrera1* https://doi.org/10.54167/phddp.v2i1.2001
1 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Chihuahua.
Rúa de las Humanidades S/N, Ciudad Universitaria, Campus I, Chihuahua, Chihuahua. C. P. 31203
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Acuña Herrera
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Abstract. Strengthening democratic life and consolidating participatory
citizenship require a well-informed society. In Mexico, public media institutions
face persistent structural challenges, including limited editorial independence,
insufficient funding, and systematic subordination to incumbent governments.
Although this condition is nationwide, this article examines the case of the state of
Chihuahua under the premise that a viable institutional solution could serve as a
replicable model for other federal entities. The study proposes the creation of a
Public Media System financed through the public treasury but institutionally
structured under a governance model designed to guarantee editorial and
managerial autonomy. This proposal seeks to reconcile public financing with
institutional safeguards capable of preventing political interference while
ensuring long-term sustainability and democratic accountability. The article
analyzes the historical and regulatory background of public broadcasting in
Mexico and situates the proposal within the contemporary digital media
ecosystem. In response to these dynamics, two alternative institutional models are
developed and compared: one led by the State Government of Chihuahua and
another administered by the university sector. The paper ultimately argues that
institutional design is central to strengthening democratic communication
infrastructures in the country.
Keywords: public media, audiences, editorial independence, digital media
ecosystem, local media
I. Introducción
Los medios públicos en México enfrentan un problema estructural de alcance
nacional, caracterizado por limitaciones persistentes en materia de independencia
editorial, restricciones presupuestarias y vínculos orgánicos con los gobiernos en
turno. En ausencia de salvaguardas institucionales robustas, estos medios tienden a
operar bajo lógicas de comunicación gubernamental más que de servicio público
(Guerrero y Márquez-Ramírez, 2014; Toussaint, 2017). Esta situación plantea
interrogantes sustantivas sobre su capacidad para garantizar pluralismo
informativo y contribuir efectivamente al derecho a la información en un régimen
democrático, un derecho fundamental establecido en los artículos 6º y 7º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917).
El entorno digital del siglo XXI ha complejizado esta problemática. La
transformación de las audiencias en actores activos del ecosistema comunicativo
(Toffler, 1980) se ha intensificado en un contexto de convergencia mediática y
cultura participativa (Jenkins, 2006; Jenkins et al., 2013). La narrativa transmedia,
entendida como la expansión coordinada de contenidos a través de múltiples
plataformas (Scolari, 2018), redefine las dinámicas contemporáneas de producción
y circulación informativa. Asimismo, la creciente plataformización de la
comunicación introduce nuevas tensiones entre sostenibilidad económica,
visibilidad algorítmica y autonomía editorial (Poell et al., 2019).
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Aunque este problema es nacional, su manifestación en el ámbito estatal
adquiere particular relevancia. El caso de Chihuahua es ilustrativo: su amplia
extensión territorial y dispersión poblacional dificultan la cobertura integral
mediante medios convencionales, mientras que el entorno digital presenta
fenómenos de saturación informativa y circulación de contenidos no verificados
(Wardle y Derakhshan, 2017). Esta combinación configura un déficit estructural en
la provisión de información pública confiable y accesible.
La literatura especializada ofrece marcos analíticos para comprender esta
situación. Hallin y Mancini (2004) identifican modelos de relación entre medios y
sistema político que permiten entender las tensiones entre independencia y poder
gubernamental. En el contexto latinoamericano, Guerrero y Márquez-Ramírez
(2014) subrayan la persistencia de lógicas de subordinación política en sistemas
mediáticos históricamente débiles. La distinción conceptual entre medios del
Estado (instituciones autónomas al servicio del interés público) y medios del
gobierno (instrumentos del poder ejecutivo) es, por tanto, central para cualquier
propuesta de reforma.
En este contexto, el artículo desarrolla un modelo estatal de medios públicos
para Chihuahua, concebido como respuesta local a un problema estructural
nacional. La investigación se articula en torno a la siguiente pregunta central: ¿Qué
diseño institucional permitiría estructurar un modelo estatal de medios públicos en
Chihuahua que, financiado con recursos del erario, garantice autonomía editorial y
de gestión en el contexto del ecosistema digital contemporáneo? Como objetivos
específicos se plantean: (1) examinar el marco normativo y los antecedentes de los
medios públicos en México; (2) analizar las transformaciones del ecosistema digital
y su impacto en la gobernanza mediática; y (3) diseñar y comparar dos esquemas
institucionales alternativos, evaluando sus mecanismos de salvaguarda
democrática.
II. Metodología
2.1. Diseño de investigación
El estudio adopta un diseño cualitativo de carácter analítico–comparado,
orientado a evaluar alternativas institucionales para la configuración de un sistema
de medios públicos en Chihuahua. Se trata de un ejercicio de análisis institucional,
comparación normativa y evaluación de viabilidad estructural, más que de una
investigación empírica descriptiva. El objetivo metodológico consiste en identificar
variables institucionales que inciden en la autonomía editorial, sostenibilidad
financiera y adaptación al ecosistema digital, para posteriormente contrastarlas en
dos modelos organizativos viables.
2.2. Estrategia de análisis
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El estudio se desarrolló en tres fases:
Fase 1: Revisión documental y construcción del marco
conceptual. Se realizó un análisis de literatura académica especializada en
sistemas mediáticos comparados (Hallin & Mancini, 2004), la estructura
histórica del sistema mediático mexicano (Guerrero y Márquez-Ramírez,
2014), la transformación digital (Jenkins, 2006; Poell et al., 2019; Toussaint,
2017), y los criterios normativos para medios públicos en México (Monroy
Hernández, 2023). Esta fase permitió construir las dimensiones analíticas
empleadas en la comparación institucional.
Fase 2: Análisis normativo e institucional. Se examinaron las
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
(2014) y lineamientos internacionales sobre alfabetización mediática
(UNESCO, 2025). El análisis se centró en identificar requisitos legales,
márgenes de diseño institucional subnacional y limitaciones estructurales
existentes.
Fase 3: Insumos cualitativos exploratorios. Se consideraron como
insumos contextuales las entrevistas publicadas en el proyecto "Un Sistema
de Medios Públicos para el Estado de Chihuahua" (Bravo, 2022). Estos
materiales no se emplean como evidencia generalizable, sino como
información contextual para identificar percepciones y desafíos operativos en
el debate público.
2.3. Dimensiones analíticas
A partir del marco conceptual, se definieron cinco dimensiones comparativas
que fueron aplicadas sistemáticamente a los dos modelos propuestos: (1) Autonomía
formal y mecanismos de designación; (2) Estabilidad y diversificación del
financiamiento; (3) Estructura de gobernanza y participación ciudadana; (4)
Adaptación al ecosistema digital; y (5) Viabilidad territorial y operativa.
2.4. Alcances y limitaciones
El estudio no incluye trabajo de campo cuantitativo, medición empírica de
audiencias ni evaluación financiera detallada. Se trata de un análisis institucional
prospectivo, de alcance normativo y comparativo. Las entrevistas consideradas
tienen carácter exploratorio. En consecuencia, las conclusiones deben entenderse
como una propuesta institucional fundamentada en literatura especializada y
análisis documental, más que como una evaluación empírica cerrada.
III. Marco Teórico: Fundamentos Conceptuales y Evidencia Comparada
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3.1. Modelos de sistemas mediáticos y medios públicos
La literatura comparada sobre sistemas mediáticos ha destacado la relación
estructural entre medios de comunicación, sistema político e instituciones
democráticas. Uno de los marcos analíticos más influyentes es el propuesto
en Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics por Daniel C.
Hallin y Paolo Mancini (2004), quienes identifican distintos modelos de relación
entre medios y poder político en las democracias contemporáneas. En este enfoque,
los sistemas mediáticos pueden caracterizarse por variables como el grado de
profesionalización periodística, la intervención estatal y la autonomía de las
organizaciones mediáticas.
En el ámbito específico de los medios públicos, diversos autores han
subrayado que su legitimidad democrática depende de la existencia de condiciones
institucionales que garanticen independencia editorial, financiamiento estable y
mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Investigaciones comparadas como
las desarrolladas en Public Media and Political Independence (Benson y Powers,
2011) muestran que los sistemas de radiodifusión pública más robustos se
caracterizan por estructuras de gobernanza diseñadas para mantener distancia
institucional respecto del poder político, un principio conocido como "brazos de
distancia" (arm's length).
En el contexto contemporáneo, además, el ecosistema mediático se ha
transformado profundamente debido a la digitalización y a la expansión de las
plataformas digitales. Autores como Manuel Castells (2009) han descrito este
fenómeno como la transición hacia formas de "autocomunicación de masas", en las
que los ciudadanos pueden producir y difundir contenidos a gran escala a través de
redes digitales. De manera complementaria, investigaciones recientes sobre la
plataformización de la comunicación han señalado que las infraestructuras digitales
privadas —especialmente las plataformas tecnológicas— se han convertido en
intermediarios centrales del espacio público contemporáneo (Poell et al., 2019).
En este nuevo entorno mediático, la función de los medios públicos adquiere
renovada relevancia como instituciones orientadas al interés público capaces de
ofrecer información verificable, contenidos culturales y espacios de deliberación
plural.
3.2. Definición y Distinción de los Medios Públicos
Para abordar el diseño de un sistema de medios públicos, es necesario partir
de una definición precisa que los distinga de otras formas de organización mediática.
Desde una perspectiva funcional, los medios públicos pueden definirse como
aquellos servicios de radiodifusión financiados con recursos públicos —ya sea
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mediante subvenciones gubernamentales o tasas específicas como el canon— cuyo
objetivo primordial es servir al interés público, y no al gobierno de turno ni a
accionistas privados (Fivable, 2025). Su mandato incluye un compromiso con el
periodismo de alta calidad, la programación educativa y el contenido cultural que
refleje la diversidad de la sociedad.
Esta definición se alinea con la misión de la British Broadcasting Corporation
(BBC, 2025): "actuar en interés público, sirviendo a todos los públicos mediante la
prestación de productos y servicios imparciales, de alta calidad y distintivos, los
cuales informan, educan y entretienen" (párr. 1). Sin embargo, la titularidad pública
de la concesión no es suficiente. Alanís Zurutuza (2006) establece tres condiciones
para que un medio sea considerado verdaderamente público: (a) funcionar con
autonomía respecto de los gobiernos en turno, (b) recibir financiamiento total o
parcial de recursos fiscales, y (c) contar con espacios para la retroalimentación y la
consulta ciudadana.
En esta línea, Monroy Hernández (2023) añade que la mera naturaleza
pública del titular no es el criterio definitivo; se requiere, además, un mandato
explícito de servicio público, consejos ciudadanos con participación plural y
procedimientos transparentes de designación. Esta distinción es crucial en el
contexto mexicano, donde, como advierte Villanueva (2022), con frecuencia "la
información, opinión y propaganda se mezclan" en los medios sostenidos con
recursos públicos, evidenciando la fragilidad de los dispositivos normativos y éticos
destinados a garantizar la autonomía editorial.
3.3. El Interés Público como Fundamento Normativo
El concepto de "interés público" es el eje normativo que justifica la existencia
de los medios públicos. Sin embargo, como advierte López Calera (2010), se trata de
"un concepto jurídico indeterminado que lleva consigo comúnmente los riesgos de
la confusión y de la manipulación" (p. 123). En el ámbito de la comunicación, el
interés público se refiere a aquello que es beneficioso para la colectividad en su
conjunto, más allá de los intereses particulares del gobierno, de los anunciantes o de
grupos de presión. Implica la provisión de información veraz, plural y relevante que
permita a los ciudadanos participar de manera informada en los asuntos públicos
(Becerra y Waisbord, 2016).
Los principios internacionales desarrollados por Becerra y Waisbord (2016)
para la UNESCO operacionalizan este concepto en criterios institucionales
observables: (1) independencia editorial y financiera, (2) órganos de gobierno
autónomos del poder político y mercantil, (3) contenidos plurales e imparciales, (4)
mandato de servicio público establecido por regulación, (5) rendición de cuentas a
la población, y (6) producción de contenidos regida por el interés público. Estos
criterios configuran un estándar democrático que permite evaluar empíricamente el
desempeño de los sistemas mediáticos y distinguir los medios públicos genuinos de
los meramente gubernamentales.
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3.4. Evidencia Comparada: Sistemas de Medios Públicos Eficaces
La literatura comparada ofrece numerosos ejemplos de países que han
logrado conciliar el financiamiento público con altos niveles de independencia
editorial y calidad programática. El informe de Benson y Powers (2011) para Free
Press documenta sistemáticamente los mecanismos institucionales que explican el
éxito de estos sistemas.
Los autores identifican tres modelos de referencia:
El modelo alemán (ARD/ZDF). Caracterizado por un federalismo que otorga
a los estados federados (Länder) competencia en materia de medios, lo que garantiza
la cercanía a las audiencias regionales y la pluralidad de voces. El financiamiento se
determina mediante una comisión técnica independiente (KEF) que propone el
monto del canon cada dos años, blindando el presupuesto de la negociación política
anual (Humphreys, 1996; Benson y Powers, 2011). Sus consejos de radiodifusión
incluyen representantes de partidos políticos, iglesias, sindicatos, universidades y
organizaciones culturales, asegurando una representación social amplia.
El modelo británico (BBC). La BBC opera bajo una Carta Real que se renueva
cada 10-15 años, lo que la protege de los ciclos políticos sexenales. El monto del
canon se fija por periodos de seis años, y su gobierno está a cargo de un Trust cuyos
miembros son designados con criterios de independencia y experiencia. Este diseño
institucional ha permitido a la BBC mantener un liderazgo en programación de
calidad y un periodismo de investigación que, como documenta Robertson (2003),
la ha llevado a ser acusada "de ser enemiga del Estado más que una animadora
patriótica" durante conflictos como la guerra de Irak.
El modelo sueco (SVT). La propiedad de la televisora pública sueca está en
manos de una fundación independiente (Förvaltningsstiftelsen), diseñada
específicamente para blindar a la institución tanto del Estado como del mercado
(Benson y Powers, 2011). Su consejo tiene miembros con mandatos de ocho años
escalonados, lo que impide que un solo gobierno designe a la mayoría. Este modelo
de "brazo de distancia" ha sido clave para garantizar la estabilidad y la confianza
pública, con niveles de confianza que alcanzan el 72% de la población (Gustafsson et
al., 2010).
Estos casos demuestran que la independencia editorial no es una quimera,
sino el resultado de diseños institucionales cuidadosos que incorporan mecanismos
de financiamiento plurianual, consejos plurales con nombramientos escalonados y
una clara separación entre el Estado y el gobierno. Como advierten Kalhor y Jangjooi
Kheljan (2023), "la independencia mediática no es meramente acerca de la libertad
del control gubernamental, sino que involucra un ecosistema sofisticado de
protecciones institucionales, estándares profesionales y confianza pública" (p. 1).
3.5. Los medios públicos en América Latina: entre servicio público y
comunicación gubernamental
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Diversos estudios han señalado que los sistemas mediáticos latinoamericanos
presentan características estructurales distintas a los modelos europeos clásicos de
radiodifusión pública. En muchos países de la región, los medios estatales surgieron
históricamente vinculados a proyectos gubernamentales, lo que dificultó la
consolidación de instituciones con autonomía editorial comparable a la de los
sistemas públicos europeos (Becerra, 2019).
En este contexto, la literatura sobre políticas de comunicación en América
Latina destaca la persistencia de dinámicas de captura política y económica dentro
de los sistemas mediáticos, fenómeno descrito como un modelo "liberal capturado"
caracterizado por la coexistencia de mercados mediáticos concentrados y débiles
mecanismos de regulación pública (Guerrero y Márquez-Ramírez, 2014).
Sin embargo, durante las primeras décadas del siglo XXI se han desarrollado
diversas reformas institucionales orientadas a fortalecer la gobernanza democrática
de los medios en varios países de la región. Estas reformas han incluido la creación
de organismos reguladores más autónomos, mecanismos de participación ciudadana
y nuevas formas de supervisión pública de los sistemas mediáticos (Gómez García,
2013).
Asimismo, investigaciones recientes sobre gobernanza mediática en América
Latina han documentado la aparición de instituciones participativas orientadas a
ampliar la intervención de la sociedad civil en la formulación de políticas de
comunicación, incluyendo consejos ciudadanos y órganos consultivos vinculados a
medios públicos (Segura y Linares, 2022). No obstante, la efectividad de estas
iniciativas ha sido desigual y depende en gran medida de la estabilidad institucional
y del grado de autonomía real que dichas estructuras logren mantener frente a los
poderes políticos.
En este contexto regional, la discusión sobre el diseño institucional de los
medios públicos adquiere particular relevancia. La literatura especializada coincide
en que el fortalecimiento de estas instituciones requiere marcos normativos que
garanticen autonomía editorial, pluralismo informativo y mecanismos transparentes
de gobernanza, elementos indispensables para que los medios financiados con
recursos públicos puedan cumplir efectivamente su función democrática.
3.6. Los medios públicos en México: estructura del sistema y presencia
en el estado de Chihuahua
En México, el sistema de medios públicos se caracteriza por una estructura
institucional heterogénea integrada por medios federales, estatales, universitarios y
de los poderes públicos. El marco normativo que regula su funcionamiento se
consolidó con la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión en 2014 (LFTR, 2014), así como con la creación del Sistema Público
de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), organismo público descentralizado
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encargado de coordinar una red nacional de radiodifusión pública con fines sociales,
culturales y educativos.
El SPR tiene como objetivo principal ampliar el acceso de la población a
contenidos audiovisuales de carácter público mediante una infraestructura de
televisión digital terrestre y radio pública que permite distribuir señales de diversos
medios federales. Entre las señales que transmite o retransmite se encuentran Canal
Catorce, Canal Once, Canal 22, TV UNAM, TV Educativa y Canal del Congreso, lo
que permite ampliar la oferta de contenidos culturales, educativos e informativos en
televisión abierta digital a lo largo del territorio nacional.
Desde su creación, el SPR (s.f.) ha desarrollado una red de estaciones de
transmisión distribuidas en distintas entidades federativas, lo que ha permitido
alcanzar una cobertura superior al 70 % de la población mexicana mediante
infraestructura de televisión digital terrestre. Esta red facilita la distribución de
contenidos públicos en regiones donde anteriormente la oferta mediática estaba
dominada por medios comerciales.
En el caso específico del estado de Chihuahua, la presencia del sistema de
medios públicos se articula a través de diversos actores institucionales que operan
en distintos niveles del sistema mediático. Por una parte, el SPR (2023; 2024) ha
ampliado su infraestructura en la entidad mediante estaciones de televisión digital
terrestre instaladas en ciudades como Chihuahua, Ciudad Juárez y Cuauhtémoc, lo
que permite la retransmisión de señales públicas federales a nivel regional (Instituto
Federal de Telecomunicaciones, 2021).
Un paso relevante en la expansión del sistema ocurrió en 2023, cuando Canal
Catorce inició transmisiones en la ciudad de Chihuahua mediante una estación
ubicada en el Cerro Coronel, lo que permitió extender la cobertura del canal público
federal a más de un millón de habitantes en la región (SPR, 2023).
En el ámbito radiofónico, el sistema federal también ha ampliado su presencia
mediante la red pública Altavoz Radio, una plataforma orientada a la producción de
contenidos dirigidos especialmente a audiencias jóvenes y a la promoción de la
participación social. Dentro de esta red, la estación Altavoz Chihuahua 96.1 FM
comenzó transmisiones recientemente como parte de la expansión nacional de esta
iniciativa de radio pública (SPR, 2024).
Además de los medios federales, el ecosistema de medios públicos en
Chihuahua incluye medios universitarios y otras instituciones con concesiones de
uso público. Entre ellos destaca la emisora Radio Universidad UACH, operada por
la Universidad Autónoma de Chihuahua (2026), que forma parte de la tradición de
radiodifusión universitaria en México orientada a la difusión cultural, educativa y
científica.
En conjunto, estos medios configuran un ecosistema público híbrido en el que
convergen distintos niveles de gobernanza mediática: federal, universitario y, en
algunos casos, estatal. No obstante, diversos estudios han señalado que el principal
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desafío para estos sistemas radica en garantizar condiciones institucionales que
permitan asegurar la independencia editorial, la pluralidad informativa y la
sostenibilidad financiera de los medios financiados con recursos públicos. En este
sentido, la experiencia de Chihuahua constituye un caso de interés para analizar
cómo se articula el sistema nacional de medios públicos con los contextos regionales
y con las instituciones locales de producción y difusión cultural.
IV. El Caso Chihuahua: Diagnóstico de un Déficit Institucional
A la luz de los principios internacionales de autonomía, pluralismo y
rendición de cuentas (Becerra & Waisbord, 2016), y de la evidencia comparada
presentada en el marco teórico, el caso de Chihuahua evidencia una brecha
estructural entre el diseño normativo nacional y su implementación territorial. Si
bien el marco jurídico mexicano reconoce la figura de concesiones públicas y
derechos de las audiencias, la ausencia de un sistema estatal articulado limita la
materialización efectiva del mandato de servicio público en la entidad. Esta situación
puede interpretarse, desde la perspectiva de Hallin y Mancini (2004), como una
manifestación sub-territorial de sistemas mediáticos históricamente vinculados al
poder político.
Aunque en Chihuahua operan repetidoras de medios federales (IMER, SPR,
Canal Once) y estaciones universitarias, la producción local de contenidos públicos
es limitada, reproduciendo un patrón centralizado de circulación simbólica. La
consecuencia es doble: insuficiente representación de problemáticas regionales y
débil apropiación ciudadana del medio como espacio público propio. La expansión
de la "autocomunicación de masas" (Castells, 2009) y la plataformización (Poell et
al., 2019) amplifican esta problemática al trasladar el debate público a
infraestructuras privadas regidas por algoritmos comerciales, donde la
sobreabundancia de contenidos no garantiza pluralismo ni calidad deliberativa.
V. Modelos Institucionales Comparados para un Sistema de Medios
Públicos en Chihuahua
5.1. Criterios Analíticos de Comparación
La comparación entre modelos se estructura a partir de las cinco dimensiones
analíticas definidas en la metodología, que a su vez derivan del marco teórico
expuesto.
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5.2. Modelo A: Organismo Público Descentralizado Estatal
Este modelo propone la creación de un organismo con personalidad jurídica y
patrimonio propios, financiado mediante asignación anual del erario estatal y
gobernado por un consejo de administración plural. Su principal ventaja es la
claridad jurídica y el acceso garantizado a financiamiento público regular. Sin
embargo, presenta riesgos estructurales de potencial influencia del Ejecutivo en
nombramientos y vulnerabilidad presupuestaria ante cambios políticos, lo que
reproduce la debilidad histórica de autonomía limitada señalada por Guerrero y
Márquez-Ramírez (2014).
5.3. Modelo B: Sistema Vinculado al Sector Universitario
Este modelo propone la adscripción del sistema a una universidad pública
estatal, con un consejo directivo de participación académica y ciudadana, y un
régimen administrativo autónomo con financiamiento mixto. Su principal ventaja es
la mayor distancia formal del Ejecutivo y un entorno institucional con tradición de
libertad académica. Sin embargo, enfrenta riesgos de dependencia presupuestaria
indirecta del gobierno estatal y posibles limitaciones administrativas propias del
régimen universitario, así como el reto de no ser percibido como un medio
exclusivamente "académico".
5.4. Comparación Sintética de Modelos
La Tabla 1 presenta una comparación sistemática de ambos modelos con base
en las dimensiones analíticas.
Dimensión
Modelo A: Organismo
público descentralizado
Autonomía formal
Media; depende del diseño
del consejo y del
procedimiento de
nombramiento.
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Dimensión
Modelo A: Organismo
público descentralizado
Estabilidad financiera
Alta si el presupuesto se
garantiza por ley.
Riesgo de injerencia política
Medio-alto si no se blindan
nombramientos.
Adaptación al ecosistema
digital
Alta si se diseña como
sistema convergente.
Legitimidad social
Variable; depende de
mecanismos de
participación.
Nota: Elaboración propia con base
en Hallin y Mancini (2004),
Guerrero y Márquez-Ramírez (2014)
y Poell et al. (2019).
VI. Discusión y Propuesta Institucional
6.1. La Insuficiencia de la Mera Adscripción Orgánica
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El análisis comparado muestra que el problema de los medios públicos
estatales no radica exclusivamente en su adscripción orgánica, sino en la debilidad
estructural de sus mecanismos de gobernanza. Como se estableció en el marco
teórico, la autonomía editorial efectiva depende de arreglos institucionales que
regulen financiamiento, nombramientos y rendición de cuentas (Hallin & Mancini,
2004; Benson & Powers, 2011). Monroy Hernández (2023) sistematiza un conjunto
de criterios normativos pertinentes para el diseño de un sistema estatal: (a)
definición precisa de medio público, (b) mandato explícito de servicio público, (c)
consejo ciudadano plural con facultades reales de incidencia, (d) programación
orientada por pluralismo y veracidad, (e) financiamiento estable y diversificado, (f)
procesos transparentes de designación de directivos, y (g) un marco jurídico
específico que garantice estos principios.
La evidencia internacional compilada por Benson y Powers (2011) refuerza
esta perspectiva. Los medios públicos más autónomos y estables (BBC, ARD/ZDF,
NRK, SVT) se financian mediante cánones o contribuciones ciudadanas, no vía
presupuesto gubernamental anual. Sistemas que dependen de asignaciones anuales
(Canadá, Países Bajos post-2000) han sufrido recortes discrecionales y presiones
políticas. El principio del "brazo de distancia" (arm's length) se materializa en
mecanismos como el financiamiento plurianual (modelo alemán con la comisión
KEF), consejos plurales con nombramientos escalonados (Dinamarca, Canadá) y
una representación social efectiva (Alemania).
6.2. Hacia un Modelo Híbrido y Descentralizado
Los casos internacionales analizados por Benson y Powers (2011)
mencionados en el marco teórico sugieren que los sistemas más exitosos articulan
modelos de gobernanza híbrida y descentralizada. Para Chihuahua, la dicotomía
'gobierno vs. universidad' puede ser falsa. Un modelo más robusto sería un consorcio
público-universitario con personalidad jurídica propia (un fideicomiso o fundación),
gobernado por un consejo plural donde participen el gobierno del estado (sin
mayoría), la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez (UACJ), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que se
expresa localmente a través de la XETAR desde Guachochi, Chih. (Instituto Nacional
de los Pueblos Indígenas [INPI], 2026), además de representantes de la sociedad
civil y las audiencias.
Este modelo híbrido aprovecharía la infraestructura universitaria, la
experiencia del INPI en comunicación indígena y la capacidad de convocatoria
gubernamental, pero con candados legales que impidan el control político unilateral.
Los fracasos en Nueva Zelanda y Países Bajos advierten sobre los riesgos de
depender de asignaciones presupuestarias anuales sin un estatuto legal que
garantice la misión de servicio público.
6.3. Funciones Estratégicas en el Ecosistema Digital
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En el contexto de la plataformización (Poell et al., 2019), el sistema propuesto
debe incorporar una estrategia transmedia, producción descentralizada y
mecanismos de defensoría de audiencias. La alfabetización mediática e
informacional, promovida por la UNESCO (2025) a través de la Red AMI en México,
se perfila como una función estratégica diferenciadora que permitiría articular
programación educativa, desarrollar contenidos para poblaciones vulnerables y
contribuir al combate estructural de la desinformación. Como advierten
Kalogeropoulos et al. (2024), la confianza en las noticias y la percepción de utilidad
son factores centrales para combatir la evitación informativa, un fenómeno
particularmente agudo en contextos donde los ciudadanos perciben que los medios
no sirven al interés público.
La investigación de Nielsen y Fletcher (2023) subraya que la percepción de
importancia de los medios públicos no está determinada por la edad, sino por la
experiencia de uso. Esto implica que el desafío no es solo llegar a los jóvenes, sino
ofrecerles contenidos que los lleven a consumir el sistema de manera habitual.
Asimismo, la función de vigilancia (watchdog) que investiga y expone la corrupción,
la función de establecimiento de agenda y la función de educación cívica son
esenciales para la accountability democrática, particularmente a nivel local donde
otras instituciones de monitoreo son débiles.
6.4. Sostenibilidad Financiera y Blindaje Anticaptura
La independencia editorial no es incompatible con el financiamiento público,
siempre que este sea estable, previsible, diversificado y blindado frente a la
discrecionalidad política. Para Chihuahua, financiar el sistema con un porcentaje de
la publicidad oficial es riesgoso, ya que lo que un gobierno asigna, otro puede
quitarlo. Una alternativa más robusta, inspirada en los modelos alemán y sueco,
sería crear un fideicomiso público con recursos etiquetados por ley, provenientes de
una combinación de fuentes: un porcentaje del presupuesto de comunicación social
de todos los poderes del estado, aportaciones de las universidades, y eventualmente
una contribución ciudadana específica (similar a la 'tasa mediática' discutida en
Finlandia).
El caso húngaro documentado por Bátorfy y Urbán (2020) es una advertencia
crucial: la publicidad estatal puede ser utilizada como una poderosa herramienta de
favoritismo político y distorsión del mercado, asfixiando económicamente a los
medios independientes. En ausencia de un espacio informativo público confiable, el
riesgo es que el gobierno de turno utilice los recursos publicitarios para cooptar
medios privados y construir un ecosistema mediático servil. Un sistema público bien
diseñado, con financiamiento no discrecional, puede operar como un ancla de
independencia y un contrapeso a estas dinámicas.
VII. Conclusiones
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El análisis desarrollado confirma que la fragilidad estructural de los medios
públicos subestatales en México no es un problema administrativo, sino
institucional. La autonomía editorial depende menos de la titularidad formal y más
del diseño de los mecanismos de gobernanza, financiamiento y rendición de cuentas,
tal como lo demuestran los casos internacionales analizados en el marco teórico.
En primer lugar, la propuesta para Chihuahua no parte de una idealización
normativa, sino de la articulación entre criterios institucionales verificables y las
condiciones del ecosistema digital contemporáneo. La convergencia mediática y la
plataformización obligan a concebir el sistema propuesto como una estructura
transmedia desde su origen, que incorpore actualización tecnológica permanente,
estrategias de segmentación de audiencias y producción de contenidos con valor
social agregado.
En segundo lugar, la independencia editorial es compatible con el
financiamiento público, siempre que este sea estable, previsible y blindado.
Experiencias internacionales consolidadas demuestran que la clave reside en las
estructuras de gobernanza, no en la fuente de financiamiento. La creación de un
fideicomiso público con recursos etiquetados por ley, y la adopción de mecanismos
como el financiamiento plurianual y los consejos plurales con nombramientos
escalonados, son medidas concretas para garantizar la autonomía.
En tercer lugar, la dicotomía entre un modelo estatal y uno universitario
puede resolverse mediante un diseño híbrido que combine las ventajas de ambos.
Un consorcio público-universitario, con personalidad jurídica propia y un consejo
plural donde participen el gobierno (sin mayoría), las universidades, el INPI y la
sociedad civil, ofrece un camino prometedor. Este modelo puede aprovechar la
infraestructura existente y las capacidades académicas, pero requiere candados
legales que impidan el control político unilateral.
La principal aportación del estudio es demostrar que un rediseño institucional
regional puede operar como laboratorio normativo para enfrentar un problema de
alcance nacional. Si el modelo chihuahuense incorpora un mandato explícito de
servicio público, blindaje en designaciones, financiamiento estable, una estrategia
digital convergente y una función estructural de alfabetización mediática, podría
constituirse en un referente replicable para otras entidades federativas que
enfrentan vacíos institucionales similares.
Finalmente, ningún diseño institucional, por sofisticado que sea, puede
operar sin voluntad política para respetar sus propios límites. Las reglas formales
requieren una cultura institucional para consolidarse. El principal requisito de
viabilidad del modelo propuesto no es técnico ni presupuestal, sino político: la
disposición efectiva de las autoridades involucradas para aceptar mecanismos de
control, pluralismo y autonomía que limiten la intervención discrecional. El caso de
Chihuahua demuestra que la fragilidad de los medios públicos no es un destino
inevitable, sino un desafío que puede abordarse mediante innovación institucional
cuidadosamente diseñada.
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