Por otra parte, algunos docentes no consideran los conocimientos previos del
estudiantado ni preparan materiales diversos, además de manifestar dificultades
para comunicarse con alumnos con discapacidad. Estas prácticas generan barreras
didácticas que atentan contra el derecho a una educación inclusiva, muchas veces
originadas en concepciones docentes limitadas o en la falta de formación en atención
a la diversidad. Al no ajustar la enseñanza a las necesidades de cada alumno, se
excluye de hecho a quienes aprenden de forma diferente (Fernández, 2010).
En el ámbito internacional, la educación inclusiva ha sido impulsada por
iniciativas como la Declaración de Incheon, que postula “garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos” (UNESCO, 2015, p.7). Esto implica transformar las escuelas
para que respondan a la diversidad del alumnado, eliminando cualquier forma de
exclusión o segregación.
En el contexto nacional, desde la introducción del Plan de Estudios 2011 de
Educación Básica se subraya la necesidad de atender la diversidad en el aula y ofrecer
apoyos adecuados a estudiantes con distintas capacidades y estilos de aprendizaje
(Secretaría de Educación Pública, 2011). Más recientemente, las directrices de la
Nueva Escuela Mexicana han reforzado la equidad e inclusión como ejes centrales
del quehacer educativo (Covarrubias Pizarro, 2019).
A nivel estatal, Chihuahua ha desarrollado estrategias específicas: por
ejemplo, el programa La Inclusión es Tarea de Todas y Todos de la Secretaría de
Educación y Deporte del Estado de Chihuahua (SEyD, 2017) promueve prácticas
inclusivas en las escuelas, y la Estrategia Chihuahua para la educación
básica (SEyD, 2025) enfatiza la formación docente en atención a necesidades
educativas especiales. Pese a estos avances normativos, persiste una brecha entre la
política y la práctica.
En la realidad escolar, es frecuente encontrar salones de clase donde solo
algunos estudiantes participan activamente, mientras otros quedan rezagados por
diversas razones (Borunda, 2020). Las barreras actitudinales pueden provocar
prácticas excluyentes (Parra, 2011). Asimismo, las barreras organizativas se
evidencian cuando la escuela carece de recursos, apoyos o adaptaciones curriculares
para atender a la diversidad (Valls et al., 2014).
En el contexto local de esta investigación, en una secundaria pública de la
ciudad de Chihuahua, se identificó que ciertos estudiantes enfrentaban dificultades
para integrarse plenamente en las actividades de clase debido a barreras tales como
metodologías de enseñanza poco flexibles, falta de sensibilización de la comunidad
escolar hacia la diversidad, y escasa vinculación entre docentes de educación regular
y personal de apoyo educativo. Esta problemática institucional motivó el diseño de
un proyecto de intervención para mejorar el clima de inclusión en el aula.
La justificación del estudio radica en la necesidad de brindar igualdad de
oportunidades de aprendizaje a todo el alumnado, particularmente a aquellos que
por diversas condiciones (discapacidad, rezago académico, diferencias culturales o