Economicus Journal of Business and Economics Insights 2026 3(2), 51–65
OJS: https://revistascientificas.uach.mx/index.php/economicus
ISSN: 3061-8169
Como citar / How to cite:
Cerna-Ramírez, C. L. (2026). Economía solidaria y desarrollo territorial en Guatemala: una matriz analítica. Economicus Journal
of Business and Economics Insights, 3(2), 51–65. https://doi.org/10.54167/ejbei.v3i2.2357
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Artículo
Economía solidaria y desarrollo territorial en
Guatemala: una matriz analítica
Solidarity economy and territorial development in
Guatemala: an analytical matrix
Carlos Leonel Cerna-Ramírez 1
1 Centro Universitario de Oriente, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala; clcerna@cunori.edu.gt;
ORCID: 0009-0000-8485-7789
Recibido: 16/05/2026; Aceptado: 16/06/2026; Publicado: 01/07/2026.
DOI: https://doi.org/10.54167/ejbei.v3i2.2357
Resumen: La economía social y solidaria ofrece una entrada útil para examinar alternativas de desarrollo territorial
en contextos atravesados por desigualdad, informalidad productiva, baja inclusión financiera y vínculos frágiles
entre pequeños actores económicos y mercados de mayor escala. En Guatemala, cooperativas, asociaciones
productivas, mutuales y empresas campesinas asociativas forman un tejido organizativo con presencia territorial;
no obstante, dicha presencia requiere criterios verificables para valorar su aporte al desarrollo local. El objetivo de
este artículo es proponer una matriz analítica para evaluar la contribución de la economía social y solidaria al
desarrollo territorial en Guatemala, con atención particular a cooperativas y asociaciones productivas. La ruta
metodológica consistió en una revisión crítica y sistematizada de literatura académica, normativa e institucional
publicada principalmente entre 2004 y 2026, incorporando obras clásicas cuando aportaban categorías conceptuales
indispensables. El resultado principal es la identificación de seis dimensiones de análisis: infraestructura
organizativa territorial, inclusión financiera responsable, fortalecimiento productivo, gobernanza democrática,
articulación comercial y sostenibilidad territorial. La contribución del artículo está en convertir una discusión
frecuentemente normativa en una herramienta evaluativa que articula preguntas, indicadores y evidencias. Se
concluye que las organizaciones solidarias pueden aportar al desarrollo territorial cuando combinan principios
cooperativos con eficiencia organizacional, innovación productiva, acceso a mercados, medición de resultados,
autonomía institucional y políticas públicas de apoyo. La asociatividad, por tanto, debe analizarse como una
condición organizativa relevante, pero no como garantía automática de desarrollo.
Palabras clave: Economía social y solidaria, Cooperativismo, Desarrollo territorial, Inclusión financiera,
Guatemala.
Clasificación JEL: P13; O18; Q13.
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Abstract: Social and solidarity economy offers a useful lens for examining territorial development alternatives in
contexts shaped by inequality, labor informality, limited financial inclusion, and weak links between small
economic actors and broader markets. In Guatemala, cooperatives, productive associations, mutual societies, and
associative peasant enterprises form an organizational fabric with a tangible territorial presence; however, that
presence requires verifiable criteria to assess its contribution to local development. The purpose of this article is to
propose an analytical matrix for assessing the contribution of social and solidarity economy to territorial
development in Guatemala, with particular attention to cooperatives and productive associations.
Methodologically, the study is based on a critical and systematized review of academic, regulatory, and
institutional literature published mainly between 2004 and 2026, incorporating classic works when they provided
indispensable conceptual categories. The main result is the identification of six analytical dimensions: territorial
organizational infrastructure, responsible financial inclusion, productive strengthening, democratic governance,
commercial articulation, and territorial sustainability. The article contributes by translating a debate that often
remains normative into an evaluative tool that connects questions, indicators, and evidence. It concludes that
solidarity-based organizations can foster territorial development when they combine cooperative principles with
organizational efficiency, productive innovation, market access, results measurement, institutional autonomy, and
supportive public policies. Associativity should therefore be analyzed as a relevant organizational condition, but
not as an automatic guarantee of development.
Keywords: Social and solidarity economy, Cooperativism, Territorial development, Financial inclusion,
Guatemala.
JEL Classification: P13; O18; Q13.
1. Introducción
El desarrollo territorial en América Latina sigue moviéndose en una tensión difícil de resolver:
crecimiento económico, desigualdad social, informalidad productiva y concentración de oportunidades
conviven en los mismos países, a veces en territorios separados por pocos kilómetros. Aunque la región
ha impulsado políticas de modernización económica, muchos espacios rurales, periurbanos y periféricos
continúan con brechas claras en financiamiento, infraestructura, empleo formal, innovación productiva
y acceso a mercados. Esta problemática no se explica bien si se mira solo desde indicadores
macroeconómicos. El desarrollo ocurre en lugares concretos, con instituciones, organizaciones, redes
sociales, capacidades productivas y formas locales de cooperación que pesan tanto como las cifras
nacionales (Alburquerque, 2004; CEPAL, 2025; Vázquez-Barquero, 2007).
En ese marco, la economía social y solidaria adquiere interés como campo de análisis económico y
organizacional. Su relevancia no se agota en promover cooperación, ayuda mutua o participación
democrática. También se relaciona con una capacidad posible -no siempre lograda- para movilizar
recursos locales, organizar pequeños productores, generar empleo, ampliar acceso a financiamiento,
articular circuitos comerciales y retener parte de los excedentes en el territorio (Borzaga et al., 2017;
Chaves-Ávila & Monzón-Campos, 2018; Coraggio, 2011; Utting et al., 2014). En algunos casos, estas
organizaciones son casi la única infraestructura económica cercana para familias productoras; en otros,
apenas sobreviven como figuras formales con poca incidencia.
El reconocimiento internacional de la economía social y solidaria ha ganado fuerza durante los
últimos años. La Organización Internacional del Trabajo adoptó una resolución específica sobre trabajo
decente y economía social y solidaria, mientras que Naciones Unidas aprobó la Resolución A/RES/77/281
para promoverla como vía de desarrollo sostenible (International Labour Organization [ILO], 2022;
Organización de las Naciones Unidas, 2023). La OCDE, por su parte, ha publicado guías de política
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pública sobre marcos legales, medición de impacto, compras sociales y mecanismos de identificación de
entidades de economía social (OECD, 2023a, 2023b, 2023c, 2025). No es un tema marginal.
En Guatemala, la pertinencia del análisis se refuerza por la existencia de una base organizativa
asociada al cooperativismo y a otras expresiones de economía social y solidaria. La Ley General de
Cooperativas declara de interés nacional la promoción de estas organizaciones y establece un régimen
de apoyo, fiscalización y control (Congreso de la República de Guatemala, 1978). La OIT identifica
cooperativas, asociaciones, mutuales y empresas campesinas asociativas como expresiones presentes en
el país, y su síntesis nacional reporta una presencia territorial significativa, especialmente en contextos
vulnerables (ILO, 2025a, 2025b).
El contexto guatemalteco plantea desafíos estructurales que vuelven necesario este debate. La
pobreza y la desigualdad territorial persisten pese al crecimiento económico moderado; la inclusión
financiera sigue siendo una prioridad de política pública, sobre todo para mujeres, jóvenes, MIPYMES y
población rural (Comisión de Inclusión Financiera, 2024; Munguía, 2024; World Bank, 2024a). Estas
condiciones vinculan el caso guatemalteco con discusiones más amplias del Sur Global, donde la
economía social y solidaria suele analizarse como respuesta organizativa ante mercados incompletos,
informalidad, baja escala productiva y limitaciones de acceso a financiamiento. En esa realidad, las
organizaciones solidarias podrían cumplir un papel relevante si logran conectar asociatividad, acceso
financiero, productividad, gobernanza y comercialización; su contribución, sin embargo, debe ser
evaluada con criterios observables y no asumida de manera automática.
El ecosistema empresarial guatemalteco refuerza esta necesidad de evaluación. Los estudios
recientes sobre emprendimiento y MIPYMES en el país muestran un tejido productivo amplio, con alta
participación de micro y pequeñas unidades económicas, retos de formalización, acceso diferenciado a
tecnología y financiamiento, así como articulaciones institucionales todavía fragmentadas (Buenadicha
et al., 2024; Instituto Nacional de Estadística, 2024). Para las organizaciones solidarias, este entorno
implica oportunidades de inserción territorial, pero también exigencias de gestión, escala, innovación y
sostenibilidad económica.
La lectura debe ser prudente. La existencia formal de una cooperativa o asociación no asegura
mejora de ingresos, incremento de productividad, acceso estable a mercados ni gobernanza democrática
efectiva. La literatura latinoamericana advierte que la economía solidaria es heterogénea, depende de
condiciones institucionales, capacidad organizativa y articulación con políticas públicas, y puede
encontrar límites cuando opera con baja escala, escasa medición de resultados o dependencia de
proyectos externos (Guerra, 2013; Jurado, 2021; Pastore, 2015; Pérez de Mendiguren et al., 2009).
Desde esta perspectiva, el problema central del artículo se ubica en una cuestión concreta. Aunque
Guatemala cuenta con una base relevante de organizaciones de economía social y solidaria, aún se
requiere un marco analítico que permita evaluar cómo, en qué dimensiones y en qué condiciones dichas
organizaciones contribuyen al desarrollo territorial. No se pretende demostrar empíricamente un
impacto que este trabajo no mide. La intención es construir una herramienta conceptual y operativa que
pueda orientar estudios posteriores, diagnósticos territoriales o comparaciones entre organizaciones.
El objetivo general es proponer una matriz analítica para evaluar el aporte de la economía social y
solidaria al desarrollo territorial en Guatemala, con énfasis en cooperativas y asociaciones productivas.
Los objetivos específicos son tres: sintetizar fundamentos conceptuales que vinculan economía social y
solidaria, cooperativismo y desarrollo territorial; identificar dimensiones económicas y organizacionales
mediante las cuales las organizaciones solidarias pueden contribuir al desarrollo local; y diseñar una
matriz aplicable a diagnósticos, estudios de caso o investigaciones comparativas.
El artículo se plantea como una propuesta analítica y no como una medición de impacto. Su aporte
se concentra en la construcción de criterios verificables para examinar cuándo la economía social y
solidaria funciona como infraestructura organizativa del territorio y cuándo permanece como una forma
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asociativa de alcance limitado. Esta precisión evita idealizar la asociatividad, lleva la discusión hacia
evidencias, indicadores y condiciones de sostenibilidad, y permite una transición directa hacia los
fundamentos teóricos que sostienen la matriz propuesta.
2. Marco teórico
2.1. Economía social y solidaria
La economía social y solidaria puede comprenderse como un conjunto de prácticas, organizaciones
y principios que buscan articular actividad económica con finalidad social. En esta lógica, el excedente
no se reduce a ganancia privada: puede reinvertirse en la organización, en sus socios o en la comunidad.
Coraggio (2011) plantea que la economía social y solidaria coloca el trabajo y la reproducción ampliada
de la vida por encima de la acumulación de capital; Guridi y Pérez de Mendiguren (2014) la conectan con
el desarrollo humano local; y Pérez de Mendiguren et al. (2009) muestran que economía social, empresa
social y economía solidaria no son nociones idénticas, aunque comparten una crítica a la reducción de la
economía al mercado competitivo.
El cooperativismo es una de las expresiones institucionales más visibles de este campo. La Alianza
Cooperativa Internacional define la identidad cooperativa a partir de principios como adhesión
voluntaria, control democrático de los miembros, participación económica, autonomía, educación,
cooperación entre cooperativas e interés por la comunidad (International Cooperative Alliance, 1995).
Estos principios permiten diferenciar a las cooperativas de otras formas empresariales y, al mismo
tiempo, exigen verificar si tales valores se expresan en la gestión cotidiana, en la participación de los
socios y en los mecanismos de rendición de cuentas.
La literatura reciente insiste en que estas organizaciones no deberían evaluarse solo por su propósito
social, sino también por su sostenibilidad económica, capacidad de gestión y contribución verificable al
bienestar colectivo. Chaves Ávila y Monzón Campos (2018) subrayan que la economía social dialoga con
paradigmas emergentes como la innovación social, la economía circular y la empresa social. Fajardo
(2018) advierte que la identificación jurídica de las empresas de economía social requiere criterios claros.
La OCDE (2023a, 2023b), por su parte, sostiene que los marcos legales y la medición de impacto son
condiciones necesarias para que la economía social y solidaria sea reconocida, apoyada y evaluada sin
perder su especificidad.
En América Latina, la economía social y solidaria se ha configurado mediante experiencias muy
distintas: cooperativas, emprendimientos comunitarios, agricultura familiar, circuitos de
comercialización, organizaciones de trabajadores y respuestas locales ante crisis económicas. Guerra
(2013) muestra que las legislaciones latinoamericanas oscilan entre enfoques autogestionarios y visiones
sectoriales; Pastore (2015) interpreta la ESS desde una clave socio-territorial; Pérez (2017) revisa el
cooperativismo desde una aproximación a la economía social y solidaria; y Jurado (2021) destaca su
carácter diverso, situado e históricamente condicionado. Esa diversidad es valiosa, aunque complica
cualquier evaluación seria. Por eso conviene evitar definiciones demasiado amplias cuando se busca
medir su aporte al desarrollo.
Un antecedente empírico comparable dentro de la región es el análisis de las cooperativas en el
estado de Chihuahua, México; Zepeda-Burciaga (2024) muestra que el estudio de la economía social
requiere observar simultáneamente el marco jurídico, la distribución territorial de las organizaciones, las
capacidades empresariales con enfoque social y las condiciones de formalización. Este referente resulta
útil para el presente artículo porque confirma que la evaluación de cooperativas no puede limitarse a su
existencia legal, sino que debe incorporar desempeño organizativo, capacidades económicas e inserción
territorial.
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2.2. Desarrollo territorial y capacidades locales
El desarrollo territorial parte de una idea básica: la economía no ocurre en abstracto. Se produce en
espacios concretos donde interactúan actores, instituciones, infraestructura, cultura productiva, redes
sociales y mercados. Alburquerque (2004) sostiene que el desarrollo económico local demanda
movilización de recursos endógenos, descentralización, concertación territorial y fortalecimiento
institucional. Vázquez-Barquero (2007) relaciona el desarrollo endógeno con la capacidad de los
territorios para activar recursos, aprendizajes y formas de organización que sostengan procesos
productivos.
Desde esta lectura, las cooperativas y asociaciones productivas pueden analizarse como
instituciones territoriales que facilitan acción colectiva, aprendizaje económico y ampliación de
oportunidades. No obstante, su aporte depende de que logren transformar la organización social en
capacidades productivas sostenibles. Mozas-Moral y Bernal-Jurado (2006) vinculan la economía social
con el desarrollo territorial al destacar su capacidad para arraigar actividad económica, empleo y
cooperación en espacios concretos. Serrano-Robles et al. (2024) muestran que las cooperativas también
pueden relacionarse con agendas de sostenibilidad cuando incorporan prácticas alineadas con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La agenda regional reciente subraya la necesidad de fortalecer capacidades territoriales, mejorar la
coordinación entre escalas de gobierno, diversificar economías y promover una transformación
productiva sostenible e inclusiva (CEPAL, 2025; CEPAL et al., 2025). En esa agenda, la economía solidaria
puede tener un papel relevante si articula cooperación, innovación, productividad y acceso a mercados
sin perder su base democrática y comunitaria. La clave no está en idealizar lo local. Está en identificar
capacidades concretas para sostener procesos económicos con pertinencia territorial.
2.3. Gobernanza democrática, institucionalidad y capital social
La gobernanza democrática es un componente central de la economía solidaria. Las organizaciones
cooperativas y asociativas se fundamentan en participación de sus miembros, rendición de cuentas y
distribución equitativa de beneficios. Pero estos rasgos no deben presumirse. Requieren normas internas,
estatutos, asambleas, auditorías, renovación de liderazgos, mecanismos de resolución de conflictos y
transparencia. La Ley General de Cooperativas y la institucionalidad pública asociada al sector ofrecen
un marco formal en Guatemala, aunque el análisis territorial exige observar cómo se expresa esa
institucionalidad en la práctica (Congreso de la República de Guatemala, 1978; Instituto Nacional de
Cooperativas, s. f.).
La OIT (2025a, 2025b) identifica la necesidad de fortalecer capacidades del ecosistema de economía
social y solidaria en Guatemala, no solo reconocer su existencia. Esto implica mapear actores, mejorar
coordinación institucional, promover asociatividad formal, ampliar capacidades de gestión y orientar
instrumentos públicos hacia necesidades reales del sector. En la misma línea, el Ministerio de Economía
de Guatemala (2026) ha comunicado esfuerzos de articulación iberoamericana sobre economía social y
solidaria, lo cual abre una oportunidad para conectar el debate académico con iniciativas de política
pública.
El capital social ayuda a comprender la coordinación económica de estas organizaciones, aunque
tampoco debe asumirse como siempre positivo. Redes, confianza y reciprocidad pueden reducir costos
de transacción y facilitar cooperación; también pueden reproducir exclusiones internas cuando no existen
reglas transparentes. Por ello, en el enfoque propuesto, la gobernanza democrática no se valora por el
discurso institucional sino por evidencias observables: participación efectiva, inclusión de mujeres y
jóvenes, actas, auditorías, rotación directiva y mecanismos de rendición de cuentas.
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2.4 Inclusión financiera responsable
La inclusión financiera es decisiva para el desarrollo territorial. El acceso a cuentas, ahorro, crédito,
seguros, pagos digitales y educación financiera puede ampliar oportunidades productivas y reducir
vulnerabilidad. Pero el acceso, por sí solo, no garantiza bienestar si no se vincula con capacidades,
protección al usuario y uso productivo del financiamiento. El Banco Mundial, mediante Global Findex,
ha documentado la relevancia de cuentas, pagos digitales y resiliencia financiera para hogares y
pequeños actores económicos (Demirgüç-Kunt et al., 2022).
En Guatemala, la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2024-2027 establece pilares orientados
a inclusión financiera digital, MIPYMES, jóvenes y mujeres (Comisión de Inclusión Financiera, 2024).
Munguía (2024) también subraya que la inclusión financiera en el país debe considerar barreras de acceso,
capacidades financieras y condiciones sociales diferenciadas. En este contexto, las cooperativas de ahorro
y crédito pueden ser actores relevantes por su presencia territorial. Aun así, su contribución debe
evaluarse con indicadores concretos: crédito productivo, educación financiera, ahorro, tasas, morosidad,
protección del socio y uso efectivo del financiamiento.
La literatura sobre microfinanzas y sistemas financieros inclusivos recomienda analizar no solo la
oferta de productos, sino el ecosistema que permite que esos productos sean útiles, seguros y sostenibles.
Ledgerwood (2013) propone mirar las microfinanzas desde una perspectiva de sistema de mercado
financiero. El Banco Mundial (2024b) insiste en escalar programas de inclusión económica mediante rutas
que combinen activos, capacidades, acompañamiento y acceso a servicios. Para la economía solidaria,
esta lectura es clave: el crédito sin fortalecimiento productivo puede endeudar; el crédito acompañado
de capacidades puede abrir oportunidades.
2.5 Articulación comercial, cadenas de valor e innovación productiva
El desarrollo territorial no depende solo de producir. También exige colocar bienes y servicios en
mercados con calidad, regularidad y valor agregado. Las cadenas de valor permiten observar cómo se
organizan actividades productivas, comerciales y logísticas, así como los vínculos entre productores,
intermediarios y compradores. Kaplinsky y Morris (2001) ofrecen una guía de análisis de cadenas de
valor útil para identificar funciones, actores, márgenes, gobernanza y posibilidades de mejora
productiva.
Las cooperativas y asociaciones pueden fortalecer la posición de pequeños productores cuando
facilitan compras colectivas, certificaciones, comercio justo, transformación de productos, marcas
territoriales, negociación conjunta y logística compartida. Pero la inserción en mercados trae exigencias
concretas: calidad, trazabilidad, cumplimiento de tiempos, financiamiento, digitalización y gestión.
Gallego-Bono y Tapia-Baranda (2021) muestran que una aproximación territorial a la economía social,
especialmente desde cooperativas agrícolas, permite comprender su potencial transformador, aunque
también sus condiciones y límites.
La innovación social y productiva aparece como un componente transversal. Álvarez-González et
al. (2023) analizan la innovación social en la economía social como factor de fomento empresarial
regional, mientras que la OCDE (2023c) destaca que las compras sociales pueden abrir mercados para
entidades de economía social si se diseñan instrumentos adecuados. Por tanto, la economía solidaria no
debería verse como una economía de baja exigencia técnica. Tiene que combinar valores democráticos
con gestión, calidad, innovación, tecnología y acceso a mercados.
3. Metodología
El artículo se desarrolló como una revisión crítica y sistematizada de literatura con propuesta
analítica. Esta ruta metodológica resulta pertinente porque permite integrar aportes teóricos, evidencia
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institucional y discusión económica sobre un campo amplio y heterogéneo. A diferencia de una revisión
sistemática estricta, la revisión crítica no busca agotar toda la producción existente ni aplicar metaanálisis.
Su propósito es ordenar conceptos, identificar tensiones, contrastar perspectivas y derivar una
herramienta interpretativa útil para futuras investigaciones. Para reforzar la trazabilidad del proceso se
adoptaron criterios de búsqueda, evaluación, análisis y síntesis inspirados en revisiones bibliográficas
sistematizadas en ciencias humanas y sociales (Codina, 2020a, 2020b, 2020c).
La búsqueda documental se organizó alrededor de cinco ejes: economía social y solidaria;
cooperativismo y asociaciones productivas; desarrollo territorial; inclusión financiera; y gobernanza,
capital social, cadenas de valor e innovación. El período de búsqueda y selección se concentró
principalmente en publicaciones de 2004 a 2026. Se incluyeron obras anteriores o clásicas únicamente
cuando aportaban categorías conceptuales indispensables para comprender el debate, mientras que las
fuentes institucionales y de política pública se priorizaron por su actualización, verificabilidad y
pertinencia para Guatemala. Se consultaron repositorios y portales institucionales como CEPAL, OIT,
OCDE, Banco Mundial, Naciones Unidas, UNRISD, Hegoa, Redalyc, SciELO, CIRIEC-España,
REVESCO, páginas oficiales del Estado de Guatemala y repositorios universitarios. Las combinaciones
de búsqueda incluyeron expresiones en español e inglés: economía social y solidaria, cooperativismo,
desarrollo territorial, desarrollo local, inclusión financiera, gobernanza cooperativa, cadenas de valor.
Para organizar el corpus o recopilación documental, se construyó una matriz de registro detallado
con campos de identificación bibliográfica, tipo de fuente, país o región de referencia, eje temático,
conceptos clave, evidencia empírica o institucional, aporte potencial a la matriz analítica, limitaciones de
la fuente y decisión de inclusión o exclusión. Esta herramienta de captura permitió vincular cada
documento con una dimensión de análisis y evitar que las referencias funcionaran como respaldo
genérico sin relación directa con los objetivos del estudio.
Los criterios de inclusión consideraron publicaciones académicas sobre economía social, economía
solidaria, cooperativismo, desarrollo local o desarrollo territorial; estudios latinoamericanos o aplicables
a realidades de países en desarrollo; documentos institucionales recientes de organismos como OIT,
CEPAL, OCDE, Banco Mundial y Naciones Unidas; normativa guatemalteca relacionada con
cooperativas; y textos con capacidad conceptual o metodológica para sustentar indicadores de análisis.
Se incorporaron obras clásicas cuando aportaban categorías indispensables y fuentes recientes cuando
actualizaban el debate, especialmente en política pública, medición de impacto, inclusión financiera y
transformación productiva.
También se aplicaron cuatro filtros de exclusión. Primero, se descartaron documentos meramente
divulgativos, fuentes sin autoría clara o textos sin conexión con procesos económicos verificables.
Segundo, se retiraron referencias que no estaban citadas dentro del artículo, para evitar bibliografía
decorativa. Tercero, se sustituyeron fuentes cuyo texto completo exigía pago por alternativas legalmente
consultables en páginas institucionales, repositorios o revistas de libre acceso. Cuarto, se descartaron
textos cuya descripción bibliográfica no correspondía con el contenido disponible en línea o cuyo enlace
no permitía verificar el documento citado. La bibliografía quedó integrada por 45 referencias citadas en
el texto, seleccionadas por pertinencia temática, acceso verificable y utilidad para sostener la matriz
analítica.
La construcción de la matriz analítica se realizó en tres momentos. Primero, se identificaron
conceptos recurrentes en la literatura revisada: territorialidad, cooperación, inclusión financiera,
gobernanza, productividad, mercado, innovación, sostenibilidad y medición de impacto. Segundo, esos
conceptos se depuraron según su pertinencia para el contexto guatemalteco y su posibilidad de traducirse
en evidencia observable. Tercero, se organizaron en dimensiones evaluativas con preguntas, indicadores
y evidencias posibles. La matriz es una construcción conceptual propia derivada de la revisión crítica y
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no una adaptación directa de un modelo previo; su diseño integra aportes de la literatura, pero los
reordena en función de las necesidades de evaluación territorial identificadas para Guatemala.
El artículo no mide empíricamente el impacto de cooperativas o asociaciones productivas. Su aporte
consiste en proponer un marco analítico verificable para orientar mediciones futuras. Por tanto, los
resultados se entienden como hallazgos conceptuales y metodológicos derivados de la revisión crítica,
no como resultados estadísticos de trabajo de campo. Esta delimitación evita atribuir efectos causales no
demostrados y ubica la contribución del artículo en el plano de la construcción de criterios evaluativos.
4. Resultados
La revisión crítica permitió identificar seis resultados principales. No corresponden a mediciones
empíricas de campo, sino a hallazgos derivados del análisis conceptual, normativo e institucional de la
literatura seleccionada. Su valor está en ordenar las dimensiones que deberían considerarse al evaluar el
aporte territorial de cooperativas y asociaciones productivas en Guatemala.
El primer resultado es que la economía social y solidaria puede operar como infraestructura
organizativa del territorio. En contextos donde los mercados son fragmentados y la presencia
institucional es limitada, las cooperativas y asociaciones pueden coordinar recursos dispersos, generar
confianza, reducir costos de gestión individual y facilitar aprendizaje colectivo. Esta función coincide con
enfoques de desarrollo local que privilegian recursos endógenos, articulación institucional y capacidad
territorial (Alburquerque, 2004; Mozas-Moral & Bernal-Jurado, 2006; Vázquez-Barquero, 2007).
El segundo resultado es que la inclusión financiera es necesaria, pero insuficiente. Las cooperativas
de ahorro y crédito y otras entidades financieras de base territorial pueden ampliar servicios financieros;
aun así, su aporte depende de que el financiamiento se vincule con inversión productiva, educación
financiera, cultura de ahorro y capacidad de pago. La ENIF 2024-2027 ofrece un marco pertinente para
esta dimensión, sobre todo por su atención a MIPYMES, jóvenes, mujeres e inclusión digital (Comisión
de Inclusión Financiera, 2024; Demirgüç-Kunt et al., 2022; Munguía, 2024).
El tercer resultado es que el fortalecimiento productivo funciona como puente entre asociatividad y
desarrollo económico. Una organización solidaria puede tener legitimidad social, pero su impacto
territorial será reducido si no mejora productividad, calidad, tecnificación, diversificación, valor
agregado o acceso a insumos. Esta dimensión conecta la economía solidaria con la agenda regional de
transformación productiva y con la necesidad de que los territorios generen capacidades económicas
sostenibles (CEPAL et al., 2025; Kaplinsky & Morris, 2001; World Bank, 2024b).
El cuarto resultado es que la gobernanza democrática debe verificarse, no presumirse. La literatura
cooperativa destaca valores de participación y control democrático, pero la práctica puede mostrar baja
participación, captura directiva, débil rendición de cuentas o exclusión de jóvenes y mujeres. Por ello, la
evaluación de estas organizaciones requiere evidencias como actas, auditorías, estatutos, participación
de socios, rotación de cargos, mecanismos de información y transparencia (Fajardo, 2018; International
Cooperative Alliance, 1995; OECD, 2023a).
El quinto resultado es que la articulación comercial determina si el esfuerzo asociativo logra superar
esquemas de subsistencia. Las organizaciones solidarias requieren mercados, alianzas, logística, calidad,
capacidades de negociación, agregación de oferta y mecanismos de diferenciación. Cuando consiguen
insertarse en cadenas de valor o construir circuitos de comercialización propios, pueden retener
beneficios en el territorio y reducir dependencia de intermediarios (Gallego-Bono & Tapia-Baranda, 2021;
Kaplinsky & Morris, 2001; OECD, 2023c).
El sexto resultado es que la sostenibilidad territorial exige permanencia de beneficios, no solo
ejecución de proyectos. Para que la economía solidaria contribuya al desarrollo local debe generar
empleo, reinversión, resiliencia, prácticas ambientales responsables, aprendizaje colectivo y cohesión
social. Esta dimensión permite valorar si el aporte organizativo trasciende el corto plazo y se convierte
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en capacidad territorial acumulada (CEPAL, 2025; Serrano-Robles et al., 2024; Organización de las
Naciones Unidas, 2023). Refiérase a la Tabla 1.
Tabla 1. Matriz analítica para evaluar economía solidaria y desarrollo territorial.
Dimensión
Pregunta evaluativa
Indicadores sugeridos
Evidencia posible
Infraestructura
organizativa territorial
¿La organización articula
actores, recursos y
aprendizajes del
territorio?
Densidad asociativa,
redes locales, alianzas,
confianza organizativa,
coordinación entre socios,
cooperación
interinstitucional.
Estatutos, mapas de
actores, convenios,
entrevistas, registros de
participación.
Inclusión financiera
responsable
¿Amplía el acceso
responsable a servicios
financieros?
Crédito productivo,
ahorro, educación
financiera, seguros, tasas
accesibles, uso productivo
del financiamiento,
protección del socio.
Registros cooperativos,
encuestas, entrevistas,
informes financieros,
datos de cartera.
Fortalecimiento
productivo
¿Mejora capacidades
económicas locales?
Productividad,
tecnificación,
diversificación, valor
agregado, compras
colectivas, asistencia
técnica, innovación.
Datos de producción,
ventas, registros de
capacitación, observación,
reportes de asistencia
técnica.
Gobernanza democrática
¿La gestión es
participativa y
transparente?
Asambleas, rendición de
cuentas, participación de
mujeres y jóvenes,
rotación directiva,
auditorías, acceso a
información.
Actas, estatutos,
entrevistas, informes de
auditoría, reglamentos
internos.
Articulación comercial
¿Mejora el acceso a
mercados?
Ventas colectivas,
contratos, cadenas de
valor, comercio justo,
marca territorial,
plataformas digitales,
logística compartida.
Facturación, convenios,
reportes de
comercialización,
contratos, registros de
clientes.
Sostenibilidad territorial
¿Genera beneficios
duraderos para el
territorio?
Empleo local, reinversión,
resiliencia, prácticas
ambientales, cohesión
social, continuidad
organizativa.
Indicadores locales,
testimonios, proyectos
comunitarios, registros de
empleo, informes
sociales.
Nota: elaboración propia con base en literatura sobre economía social y solidaria, desarrollo territorial, inclusión
financiera, gobernanza cooperativa, medición de impacto y cadenas de valor.
La matriz traduce la revisión crítica en una herramienta operativa. Su utilidad radica en que obliga
a precisar dimensión, pregunta evaluativa, indicadores y evidencias, en lugar de formular afirmaciones
generales sobre la economía solidaria. También permite reconocer que una organización puede ser fuerte
en inclusión financiera, pero débil en articulación comercial; o puede tener cohesión comunitaria, pero
bajo fortalecimiento productivo. La matriz ayuda a ubicar fortalezas, brechas y condiciones de mejora.
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Para facilitar su aplicación empírica, cada dimensión puede operacionalizarse mediante una escala
diagnóstica de cuatro niveles: 0 = ausencia de evidencia, 1 = evidencia incipiente, 2 = evidencia parcial y
3 = evidencia consolidada. La unidad de análisis puede ser una cooperativa, asociación productiva, red
territorial o conjunto de organizaciones de un municipio o región. La valoración debería combinar
revisión documental, registros administrativos, entrevistas a directivos y socios, información financiera,
datos productivos y observación territorial. De esta manera, los indicadores sugeridos no funcionan
como variables cerradas, sino como criterios verificables que pueden adaptarse al sector, territorio y
disponibilidad de información.
La matriz, además, es compatible con los llamados a medir impacto en la economía social y solidaria
(Saiz-Álvarez & Palma-Ruiz, 2019). La OCDE (2023b) advierte que la medición de impacto es
especialmente desafiante en este campo porque las entidades combinan objetivos económicos, sociales,
democráticos y territoriales. Por eso la matriz propuesta no se limita a indicadores financieros ni a
percepciones comunitarias; combina evidencia documental, datos productivos, registros
organizacionales, entrevistas, información financiera y observación territorial.
Tabla 2. Tensiones y condiciones de fortalecimiento de la economía social y solidaria.
Tensión
Riesgo principal
Condición de fortalecimiento
Asociatividad sin productividad
Bajo impacto económico real.
Planes productivos, asistencia
técnica y medición de resultados.
Redes débiles o aisladas
Baja capacidad de incidencia
territorial.
Alianzas locales, cooperación
interinstitucional y articulación con
políticas públicas.
Participación formal
Gobernanza débil o capturada.
Transparencia, formación
dirigencial y rendición de cuentas.
Dependencia externa
Insostenibilidad institucional.
Autonomía financiera,
diversificación de ingresos y
capacidades internas.
Baja escala
Dificultad para competir.
Integración en redes, compras
colectivas y cadenas de valor.
Escasa innovación
Estancamiento productivo.
Digitalización, tecnificación,
innovación social y gestión del
conocimiento.
Débil medición
Invisibilidad del impacto.
Indicadores económicos, sociales,
ambientales y territoriales.
Nota: elaboración propia a partir de las tensiones identificadas en la revisión crítica de literatura.
La Tabla 2 cumple una función complementaria a la matriz principal ya que no agrega nuevas
dimensiones, sino que identifica condiciones críticas para evitar lecturas ingenuas del fenómeno. En
términos evaluativos, permite pasar de la pregunta por la existencia de organizaciones solidarias a la
pregunta por su desempeño, autonomía, capacidad de innovación y sostenibilidad. Su lectura resulta útil
para investigadores, formuladores de política pública y organizaciones territoriales que necesiten
priorizar acciones de fortalecimiento antes de atribuir impactos.
5. Discusión
Los resultados ubican la economía social y solidaria en un punto intermedio entre política social,
economía productiva y desarrollo territorial. Esa ubicación importa porque evita dos reduccionismos. El
primero consiste en verla únicamente como mecanismo asistencial para poblaciones vulnerables. El
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segundo consiste en evaluarla solo con criterios empresariales convencionales, sin reconocer su lógica
comunitaria, democrática y territorial.
Desde una perspectiva económica, el aporte de cooperativas y asociaciones productivas debe
evaluarse por su capacidad para movilizar recursos, generar ingresos, ampliar financiamiento, mejorar
productividad y conectar actores locales con mercados. Desde una perspectiva territorial, debe
observarse si esas capacidades permanecen en la comunidad, fortalecen redes locales y contribuyen a
reducir brechas. Desde una perspectiva organizacional, debe analizarse si la gobernanza interna es
transparente, participativa y sostenible.
El caso guatemalteco ofrece un campo relevante para esta discusión. La presencia de cooperativas y
organizaciones asociativas muestra una base institucional importante, pero el desafío está en determinar
en qué medida esa base incide en procesos de desarrollo territorial. El dato reportado por la OIT sobre la
amplitud del cooperativismo y de otras expresiones de economía social y solidaria en Guatemala permite
dimensionar el potencial del sector; sin embargo, ese potencial no sustituye la necesidad de estudios
empíricos sobre impacto real (ILO, 2025a, 2025b).
La política pública tiene un papel central. Si las organizaciones solidarias se dejan solas, muchas
pueden quedar limitadas por problemas de escala, gestión o mercado. Si se las trata únicamente como
receptoras de ayuda, pueden perder autonomía. Una política pertinente debería fortalecer capacidades
sin sustituir la gestión interna. Esto incluye educación financiera, formación administrativa, asistencia
técnica, innovación productiva, digitalización, compras públicas locales, acceso a financiamiento y apoyo
para la comercialización (OECD, 2023a, 2023c; World Bank, 2024b).
En este sentido, la economía solidaria puede dialogar con la agenda regional de transformación
productiva. América Latina requiere aumentar productividad, diversificar economías, generar valor
agregado y financiar nuevas capacidades productivas (CEPAL et al., 2025). Las cooperativas y
asociaciones productivas pueden participar en esa agenda si se fortalecen como actores económicos reales
y no solo como organizaciones comunitarias de subsistencia. De lo contrario, el reconocimiento
normativo de la economía solidaria puede quedar desconectado de cambios verificables en
productividad, ingresos, autonomía organizativa y sostenibilidad territorial.
La discusión también permite advertir una tensión metodológica. La literatura sobre economía
solidaria suele resaltar valores normativos; las revistas de economía aplicada, en cambio, exigen
evidencia, indicadores y criterios de verificabilidad. La matriz propuesta intenta tender un puente entre
ambos planos. Reconoce la especificidad ética y democrática de la economía solidaria, pero exige
evidencias sobre desempeño financiero, productividad, gobernanza, mercado y sostenibilidad territorial.
La selección bibliográfica forma parte de la contribución metodológica del manuscrito. No se
privilegió la cantidad de referencias, sino su pertinencia, trazabilidad y posibilidad de consulta por parte
de lectores y pares evaluadores. Esta decisión fortalece la transparencia del artículo, porque cada fuente
incluida cumple una función dentro del argumento y puede revisarse para verificar el sustento
conceptual, normativo o institucional utilizado.
También es necesario reconocer los límites de la propuesta. La matriz analítica no sustituye la
investigación empírica ni permite afirmar impactos específicos sin datos. Su función es orientar el diseño
de estudios territoriales, diagnósticos cooperativos o investigaciones comparativas. Por ello, debe
entenderse como una herramienta abierta, ajustable según sector, territorio, tipo de organización y
disponibilidad de información. Una aplicación posterior tendría que contrastar la matriz con datos
primarios, registros financieros, entrevistas, observación de campo y series territoriales, especialmente
para diferenciar entre presencia organizativa, desempeño económico y efectos sostenidos en el desarrollo
local.
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6. Conclusiones y recomendaciones
La economía social y solidaria constituye una vía pertinente para pensar el desarrollo territorial en
Guatemala, especialmente en contextos marcados por desigualdad, baja inclusión financiera,
fragmentación productiva e informalidad. Las cooperativas y asociaciones productivas pueden
contribuir a organizar recursos locales, ampliar servicios financieros, fortalecer capacidades económicas,
mejorar comercialización y promover beneficios comunitarios.
Pero su aporte no debe asumirse como automático. La existencia formal de una organización
solidaria no garantiza desarrollo territorial. Su contribución depende de la calidad de la gobernanza, el
uso productivo del financiamiento, la capacidad de innovación, la articulación con mercados, la
sostenibilidad institucional y la medición sistemática de resultados.
La matriz propuesta aporta una herramienta inicial para evaluar el papel de cooperativas y
asociaciones productivas desde seis dimensiones: infraestructura organizativa territorial, inclusión
financiera responsable, fortalecimiento productivo, gobernanza democrática, articulación comercial y
sostenibilidad territorial. Su utilidad está en pasar de afirmaciones generales a criterios evaluativos más
precisos. También permite identificar tensiones frecuentes: asociatividad sin productividad, redes
débiles, participación formal, dependencia externa, baja escala, escasa innovación y débil medición.
Se sugiere aplicar la matriz en estudios de caso territoriales, especialmente en regiones con presencia
cooperativa, agrícola, artesanal o comercial. En Guatemala, el oriente del país podría ofrecer un escenario
relevante para analizar asociaciones productivas, cooperativas de ahorro y crédito, organizaciones
rurales y redes de comercialización local. Estos estudios permitirían contrastar la propuesta con
evidencia empírica y ajustar los indicadores según realidades específicas.
Se plantea fortalecer la economía solidaria mediante asistencia técnica, educación financiera,
innovación productiva, digitalización, mecanismos de comercialización, apoyo a compras colectivas,
compras públicas locales y medición de resultados. El reto no consiste únicamente en reconocer la
importancia social de estas organizaciones, sino en crear condiciones para que se conviertan en actores
económicos sostenibles, democráticos y territorialmente relevantes.
Finalmente, se recomienda que futuras investigaciones apliquen la matriz en casos territoriales
concretos, con información primaria y secundaria suficiente para comparar organizaciones, sectores y
regiones. Esa aplicación permitiría transformar la propuesta analítica en evidencia empírica, identificar
qué dimensiones tienen mayor peso en cada contexto y precisar qué instrumentos de política pública
fortalecen con mayor efectividad a la economía social y solidaria en Guatemala.
Contribuciones de los autores según CRediT: “El autor ha leído y aprobado la versión publicada del manuscrito”.
Conflictos de interés: “El autor declara que no existen conflictos de interés”.
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