I. Introducción
éxico se encuentra en un paradigma a
nivel social y jurídico, ya que si bien es cierto en la teoría el derecho penal
debe ser la última herramienta, para resolver los problemas sociales, lo cierto
es que, en la práctica política de nuestro país, es a través del derecho penal
que se quieren resolver todos los problemas sociales, generando una hipertrofia
legislativa.
Pero además los problemas actuales de la criminalidad
no se pueden resolver con los enfoques tradicionales de la dogmática penal, ya
que para enfrentar los retos que plantea el crimen organizado, el sistema penal
debe enfocarse como un sistema dinámico, transversal vinculado con otros
sistemas y no solo como un sistema lineal, es decir debe ser un sistema
interactivo, capaz de adaptarse e de innovar estrategias para el combate de las
complejas estructuras del crimen organizado, incluso para la incorporación de
sus ingresos ilícitos a la economía.
En los últimos años, los carteles de la droga y las
organizaciones criminales han incrementado su presencia en la sociedad y el
funcionamiento del sistema penal para combatirlas ha sido deficitario.
Si bien el Estado ha implementado una serie de
estrategias sobre la base de la dogmática del Derecho penal, (creación de
nuevos tipos penales, aumento de penas, etc.) lo cierto es que no ha obtenido
resultados positivos.
Pero este fenómeno no es privativo de Mexico, sino que
es un fenómeno que afecta a toda la comunidad internacional, y que a partir de
la globalización se ha extendido con mayor facilidad, lo que ha motivado no
solo al Estado Mexicano, sino también a la Comunidad Internacional, a buscar
nuevas formas para combatir la delincuencia organizada, que ha adquirido mayor
capacidad económica y en consecuencia creado estructuras y organizaciones más
complejas, tanto para la realización de sus actos ilícitos, como para el manejo
del producto de sus delitos, de tal forma que cuentan con operadores
financieros, empresas y sociedades, creadas en forma licita, para incorporar
sus ingresos ilícitos al comercio legal y al sistema financiero.
De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC), los fondos ilícitos derivados de actividades
criminales y delictivas en el mundo representan un 4% del Producto Interno
Bruto (PIB) Mundial o sea 3.75 trillones de dólares, en tanto que la
Organización Panamericana de la Salud calcula un movimiento de 600.000 millones
de dólares anuales y para fuentes norteamericanas se sitúa en 400.000 millones
anuales.
En razón de los flujos de dinero que maneja el crimen
organizado, tenemos que estas organizaciones criminales se han convertido para
algunos analistas en una “amenaza a la estabilidad de las instituciones
democráticas y del Estado”, de ahí la preocupación de la comunidad
internacional de homologar los sistemas normativos, para dar un combate eficaz
a esta realidad.
Es en ese entorno, que una de las estrategias, que a
nivel mundial, se ha establecido, es la de combatir a las organizaciones
criminales, no solo en relación a los actos directamente vinculados con la
ejecución de los delitos que realizan, sino también, en relación a sus
estructuras comerciales y financieras, como se reconoce en el marco
internacional por ello se dan pautas para su solución principalmente en los
instrumentos internacionales siguientes; A.- La Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; B.- La Convención de
las Naciones Unidas Contra la Corrupción; C.- la Convención de las Naciones
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas,
y es en estos acuerdos internacionales donde se plantea la obligación de los
Estados partes de establecer una Unidad de Inteligencia financiera para
combatir no solo los delitos que dan origen a las citadas convenciones, sino
también el lavado de dinero, por lo que a partir de este marco normativo es que
vamos analizar cuáles son los tipos de unidades de inteligencia financiera que
se han creado en Mexico y sus diferencias.
II. Marco
Jurídico Internacional
Para conocer
cuál es el origen y la finalidad de las unidades de inteligencia y la
problemática que les dio sustento, es necesario conocer lo establecido en las
siguientes convenciones internacionales suscritas por Mexico:
A.-La
Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes
y Sustancias Sicotrópicas de Viena de 1988, en esta convención [3]
se convino en que cada una de las Partes debería adoptar las medidas que sean
necesarias para sancionar: 1.- La conversión o la transferencia
de bienes que procedan de alguno o algunos de los delitos relacionados con el
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, ya sea con objeto
de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier
persona que participe en la comisión de tal delito o delitos o a eludir las
consecuencias jurídicas de sus acciones; 2.- La conversión o la
transferencia de bienes que sirvan para “La ocultación o el encubrimiento de la
naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad
reales de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que
proceden de alguno o algunos de los delitos señalados o de un acto de
participación en tal delito o delitos;” [4] y
en forma relevante se establece que, para la aplicación a las medidas
mencionadas, los Estados facultarán a sus tribunales u otras autoridades
competentes a ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios,
financieros o comerciales y que no podrán negarse a aplicar estas disposiciones
amparándose en el secreto bancario.
B.- La
Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus
protocolos, su principal finalidad fue “la cooperación para prevenir y
combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional” y dentro
de las medidas para combatir el blanqueo de dinero cada Estado Parte
instaurará:
“un amplio
régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las
instituciones financieras no bancarias, incluidas las personas naturales o
jurídicas que presten servicios oficiales u oficiosos de transferencia de
dinero o valores y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su
jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilización para el
blanqueo de dinero, a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo
de dinero”; Además se establece que “las autoridades encargadas de
combatir el blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al
derecho interno, las autoridades judiciales) sean capaces de cooperar e
intercambiar información en los ámbitos nacional e internacional, de
conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno” y se
estipula que para cumplir con tal finalidad se ”considerará la posibilidad
de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro
nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles
actividades de blanqueo de dinero.
Y es a
partir de esta obligación que en nuestro país se creó la Unidad de Inteligencia
Financiera Federal y se haya regulado la limitación de la aplicación del
secreto bancario y fiscal, en materias de delitos de corrupción y en materia de
extinción de dominio, y como aspecto relevante su incorporación al Grupo de
Acción Financiera Internacional por sus siglas GAFI.
III. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
En 1989, en la Reunión Cumbre
Económica de Paris de los jefes de Estado y de Gobierno de las 7 mayores
naciones industrializadas, conocido como Grupo de los 7 (G7), conformado por
Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, reconocieron
como real amenaza el lavado de dinero para la seguridad y estabilidad de los
sistemas financieros mundiales, dentro de los acuerdos de dicha Cumbre, se
establece la formación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con
el objetivo de evaluar los resultados de la cooperación asumida para prevenir
la utilización del sistema bancario y las instituciones financieras para lavar
dinero, y considerar esfuerzos preventivos en este campo incluyendo la adopción
de un sistema legal y regulatorio, así como mejorar la asistencia judicial
multilateral.
Este grupo
para tal efecto emitió 40 recomendaciones[5] y dentro de estas en
la recomendación 29, se estableció como compromiso que los países crearan una
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que sirviera como un centro nacional
para la recepción y análisis de reportes de transacciones sospechosas; y otra
información relevante al lavado de activos, delitos determinantes asociados y
el financiamiento del terrorismo, y para la comunicación de los resultados de
ese análisis.
IV.
Marco Constitucional
Cabe
señalar que si bien en la Constitución no hay un apartado que en forma
sistemática regule las unidades de inteligencia financiera, lo cierto es que
tampoco las prohíbe, sino que incluso las permite en forma implícita, como se
advierte en el artículo segundo transitorio fracción II inciso b del decreto
que reforma la Constitución publicado el treinta y uno de enero de dos mil
catorce, donde se establece que deberá existir coordinación entre los órganos del
Ejecutivo Federal en materia de inteligencia financiera y el Instituto Nacional
Electoral, que permitan reportar a éste las disposiciones en efectivo que
realice cualquier órgano o dependencia de la Federación, de las entidades
federativas y de los municipios durante cualquier proceso electoral, cuando
tales operaciones se consideren relevantes o inusuales de conformidad con los
ordenamientos aplicables.
V. La Unidad de Intelogencia Financiera
Federal
En principio cabe decir que
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México a nivel Federal, se creó
en el año 2004 por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7
de mayo del mismo año, dentro de la estructura de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, estableciéndose en la página web oficial de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público que el objetivo de la UIF es coadyuvar en la
prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita — comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de Terrorismo y su
financiamiento.
Al emitirse
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita [6] se
estableció en el artículo 7 que la Fiscalía General de la Republica contaría
con una Unidad Especializada en Análisis Financiero, como órgano especializado
en análisis financiero y contable relacionado con operaciones con recursos de
procedencia ilícita, cuyo titular tendría el carácter de agente del Ministerio
Público de la Federación, y que contaría con oficiales ministeriales y personal
especializado y que para el ejercicio de sus funciones podrá utilizar las
técnicas y medidas de investigación previstas en el Código Nacional de
Procedimientos Penales y en el artículo 8 se establecieron sus facultades, sin
embargo cabe señalar que al analizar la Ley de la Fiscalía General de la
Republica en vigor[7] no se
encuentra dentro de su estructura ninguna unidad de Inteligencia Financiera.
Lo cierto es
que actualmente la Unidad de Inteligencia Financiera, la encontramos dentro de
la estructura de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público tanto en el
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Reglamento Interior de dicha dependencia publicado el 10 de octubre de 2012,
como en el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y se reforman
y adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público publicado el 30 de diciembre de 2013 y
en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con su
última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de
diciembre de 2021, en el artículo 15 teniendo entre otras las siguientes
facultades:
“I. Proponer y emitir opinión a las
demás unidades administrativas de la Secretaría sobre los proyectos de
disposiciones de carácter general aplicables a las entidades señaladas en los
artículos 25, fracción I, 27, fracción I y 32, fracción I, de este Reglamento
que esta dependencia deba emitir en relación con:
a) El establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir
y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar
ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los
delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia
ilícita;”
“I. Bis. Formular y proponer, para aprobación superior, las
reglas de carácter general que la Secretaría deba emitir en términos de la Ley
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita y su Reglamento y resolver lo referente a su aplicación;”
“I. Ter. Interpretar, para efectos administrativos, la Ley
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita, su Reglamento, las reglas de carácter general y demás
disposiciones jurídicas que de estos emanen, en el ámbito de competencia de la
Secretaría;”
“IV. Determinar y expedir, en coordinación con los órganos
administrativos desconcentrados competentes de la Secretaría, las formas
oficiales para la presentación de reportes a que se refiere el inciso b) de la
fracción I de este artículo y para la recepción de los avisos y la presentación
de la demás información a que se refieren la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su
Reglamento y las reglas de carácter general que de estos emanen;
V. Participar con los órganos administrativos desconcentrados
competentes de la Secretaría, en la revisión, verificación, comprobación y
evaluación del cumplimiento de las disposiciones de carácter general a que se
refiere la fracción I de este artículo, así como de la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,
su Reglamento y demás disposiciones jurídicas que de estos emanen, por parte de
las personas obligadas a ello en términos de la legislación aplicable;
VI. Coordinar la recepción y análisis de la información
contenida en los reportes a que se refiere el inciso b) de la fracción I de
este artículo, los avisos previstos en la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su
Reglamento, y en las declaraciones a que se refiere el artículo 9o. de la Ley
Aduanera;
VII. Requerir y recabar de las personas sujetas a las
disposiciones de carácter general señaladas en la fracción I de este artículo y
de quienes realicen las actividades vulnerables, entidades colegiadas y órganos
concentradores a que se refieren las secciones Segunda y Cuarta del Capítulo III
de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita, directamente o a través de las instancias
correspondientes, según sea el caso, información, documentación, datos e
imágenes relacionadas con los reportes previstos en el inciso b) de la fracción
I de este artículo y los avisos a que se refiere la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
y su Reglamento, así como obtener información adicional de otras personas o
fuentes para el ejercicio de sus atribuciones;
VIII. Requerir a las unidades administrativas y órganos
administrativos desconcentrados de la Secretaría la información y documentación
necesaria para el ejercicio de sus facultades, incluido el acceso a la base de
datos que contenga la información que se genere con motivo del ejercicio de
tales facultades, en los términos y plazos establecidos por la propia Unidad,
de conformidad con las disposiciones aplicables;
IX. Aprobar, en su caso, los planes de trabajo y desarrollo de
sistemas de información y criterios tecnológicos mínimos que, en términos de la
legislación aplicable, deban observar las personas obligadas a presentar los
reportes a que se refiere el inciso b) de la fracción I de este artículo y los
avisos previstos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, así como
vigilar su observancia por parte de las mismas personas;
X. Recibir y recopilar, en relación con las materias a que se
refiere este artículo, las pruebas, constancias, reportes, avisos,
documentación, datos, imágenes e informes sobre las conductas que pudieran
favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la
comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con
recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos, así como sobre las
estructuras financieras de las organizaciones delictivas, e integrar los
expedientes respectivos;
XI. Coordinarse con las autoridades fiscales para la práctica
de los actos de fiscalización que resulten necesarios con motivo del ejercicio
de las facultades conferidas conforme al presente artículo;
XII. Proporcionar, requerir e intercambiar con las autoridades
competentes nacionales y extranjeras la información y documentación necesaria
para el ejercicio de sus facultades;
XIII. Denunciar ante el Ministerio Público de la Federación las
conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier
especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de
operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como aquellas previstas en
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita, allegándose de los elementos probatorios del caso;
XIV. Coadyuvar, en su caso, con las autoridades competentes, en
representación de la Secretaría, en los procesos penales relativos a las
conductas a que se refiere la fracción anterior de este artículo;
XV. Coordinar el seguimiento de las denuncias formuladas por
esta Unidad, desde su presentación y, en su caso, hasta la emisión de la
resolución que no admita medio de defensa alguno, así como de los reportes de
inteligencia presentados ante la autoridad competente;
XV Bis. Celebrar acuerdos reparatorios respecto de los asuntos
a que se refiere este artículo, en términos de las disposiciones jurídicas
aplicables;
XVI. Resolver, en relación con las materias a que se refiere
este artículo, los requerimientos y resoluciones de autoridades
jurisdiccionales o administrativas, incluyendo al Ministerio Público de la
Federación;
XVII. Fungir, en los asuntos a que se refiere este artículo,
como enlace entre las unidades administrativas y órganos administrativos
desconcentrados de la Secretaría y los siguientes entes: las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal, el Poder
Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la República, los poderes
judiciales de las entidades federativas, las procuradurías generales de
justicia o fiscalías de las entidades federativas y los organismos
constitucionales autónomos, así como negociar, celebrar e implementar convenios
o cualquier otro instrumento jurídico con esas instancias;
XVIII. Hacer del conocimiento de los órganos administrativos
desconcentrados competentes de la Secretaría, según corresponda, el
incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de las obligaciones establecidas en
las disposiciones de carácter general a que se refiere la fracción I de este
artículo o en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y demás disposiciones
jurídicas que de estos emanen, con el objeto de que, en su caso, dichas
instancias ejerzan sus atribuciones; XIX. Participar en la negociación de los
tratados internacionales, en las materias a que se refiere este artículo, con
la intervención que corresponda a otras dependencias o entidades de la
Administración Pública Federal y celebrar los instrumentos jurídicos
internacionales que no requieren la firma del Secretario;”
“XXII. Aprobar, en su caso, las tipologías, tendencias e
indicadores, en las materias a que se refiere este artículo, así como las guías
y mejores prácticas para la elaboración y el envío de los reportes y avisos a
que se refiere la fracción VI del presente artículo, así como para el
desarrollo de los programas de capacitación, actualización y especialización en
las materias antes referidas;
XXIII. Establecer los lineamientos y programas en materia de
recepción y análisis de la información, documentación, datos e imágenes que
obtenga, de conformidad con las disposiciones de carácter general a que se
refiere la fracción I de este artículo, la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su
Reglamento y demás disposiciones que de estos emanen, y en las declaraciones a
que se refiere el artículo 9o. de la Ley Aduanera;
XXIV. Informar a las autoridades competentes, así como a los
sujetos obligados a observar las disposiciones de carácter general a que se
refiere la fracción I de este artículo y a quienes realicen las actividades
vulnerables y entidades colegiadas previstas en las secciones Segunda y Cuarta
del Capítulo III de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, sobre la calidad y utilidad de
los reportes y avisos a que se refiere la fracción VI de este artículo;”
“XXVI. Corroborar la información, datos e imágenes relacionados
con la expedición de identificaciones oficiales que obren en poder de las
autoridades federales, así como celebrar convenios con los órganos
constitucionales autónomos, entidades federativas y municipios, a efecto de
corroborar la información referida, en términos del artículo 45 de la Ley
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita, para la identificación y análisis de operaciones
relacionadas con los delitos a que hace referencia la fracción I de este
artículo;
XXVII. Requerir a los sujetos a que hace referencia el artículo
51 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita, la información y documentación a la que tengan
acceso, y celebrar para tales efectos los convenios respectivos con el Banco de
México;
XXVIII. Supervisar la participación de las unidades
administrativas de la Unidad en la suscripción de los convenios que se celebren
en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria y las entidades
colegiadas en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento;
XXIX. Determinar los medios de cumplimiento alternativos,
conforme a lo dispuesto por la Ley Federal para la Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento;
XXX. Fungir como enlace entre la Secretaría y los sujetos
obligados a observar las disposiciones de carácter general señaladas en la
fracción I de este artículo, así como con quienes realicen las actividades
vulnerables y entidades colegiadas previstas en las secciones Segunda y Cuarta
del Capítulo III de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita, respecto de los asuntos
señalados en el presente artículo;
XXXI. Dar a conocer, cuando corresponda a la Secretaría, a
quienes realicen las actividades vulnerables a que se refiere la Ley Federal
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita, directamente o por conducto del órgano administrativo desconcentrado
competente de la Secretaría, las listas, reportes, mecanismos, informes o
resoluciones previstas en las disposiciones jurídicas a que se refieren las
fracciones I y I Bis de este artículo, y
XXXII. Integrar la lista de personas bloqueadas, prevista en las
leyes financieras, incluida la introducción y eliminación de personas en dicha
lista, así como emitir los lineamientos, guías o mejores prácticas en la
materia a que se refiere esta fracción.”
Como puede
observarse, a través de la unidad de inteligencia financiera se analiza la
información bancaria y financiera, que se recolecta por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, que es a quien le corresponde entre otras
atribuciones vigilar el sistema bancario del país, que comprende a la Banca
Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el
servicio de banca y crédito, y también la de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, que también es un órgano desconcentrado de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, que tiene por objeto supervisar y regular en el
ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero
mexicano,[8] y que
entre sus funciones está la de establecer medidas y procedimientos para
prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer,
prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de
los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita previstos en los
artículos 139 o 148 Bis y 400 del Código Penal Federal.
En síntesis tenemos que la Unidad de Inteligencia Financiera
Federal se crea para la investigación de actividades ilícitas relacionadas con
operaciones con recursos de procedencia ilícita, y en forma relevante también
le corresponde elaborar y revisar las tipologías de las diferentes formas en
que operan las organizaciones dedicadas a esta actividad,[9] contando
para ello con las fuentes de información que tiene a su alcance dentro de la
secretaria de Hacienda[10], y de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores,[11] e incluso
de otras áreas como son la Secretaria de Economía, INEGI, etc.
VI.
Las Unidades de Inteligencia a Nivel Estatal
El Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, en el marco de la Trigésima Sesión Ordinaria,
celebrada el 30 de junio de 2011, el Acuerdo 05/XXX/2011, determino, entre
otras cosas, que realizarían propuestas, en el ámbito de sus atribuciones, de
modelos normativos para homologar políticas públicas y disposiciones jurídicas
a nivel local, que buscaran prevenir y combatir las operaciones con recursos de
procedencia ilícita, así como para establecer en cada Entidad Federativa
Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica, por lo que a partir de este
compromiso se debió haber instalado ya en cada Estado de la República una
Unidad de Inteligencia Financiera, para este fin la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público creo en 2020, una Coordinación Nacional de Unidades de
Inteligencia Financiera y emitió un documento con varios modelos de Unidades de
Inteligencia Financiera sin embargo a la fecha no se ha logrado este objetivo
como lo analizaremos a continuación.[12]
A.
PROPUESTAS EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN
En la sede de la
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el día 7 del mes de febrero de
2019 se presentó como punto de acuerdo que se exhortara a los titulares del
poder ejecutivo de las Entidades Federativas para que integraran dentro de sus
proyectos con apoyo del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
la implementación de unidades patrimoniales y económicas para prevenir y
castigar el lavado de dinero[13] y en la exposición
de motivos se establece entre otros considerandos que de acuerdo a la última
evaluación que se llevó por el GAFI “México enfrenta riesgos significativos
de lavado de activos, a pesar de la mejora significativa frente a la evaluación
mutua realizada en el año 2008” y destaca “el buen funcionamiento de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en cuanto a la producción de
información relevante y al acceso habitual de las autoridades competentes. Sin
embargo, encuentra un bajo volumen de inteligencia financiera comunicada a la
Procuraduría General de la República, lo que finalmente implica un bajo número
de investigaciones financieras; Que el lavado de activos no es investigado ni
perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera
reactiva.” Y resalta que “Las autoridades competentes priorizan los
delitos como el tráfico de drogas y la delincuencia organizada, sobre el de
lavado de activos; lo que conlleva a un bajo número de condenas y acciones
penales por casos de lavado de activos.”
Y también se establece en este análisis que “Entre
los programas de prioridad nacional[14], está el
fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto
impacto, que es el que está relacionado con el combate de activos producto del
lavado dinero y que las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de las
entidades federativas, a través de los recursos del FASP, pueden impulsar para
combatir y prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado
de dinero).” Y además se mencionó que “la implementación de dichas unidades es un
compromiso que asumieron las entidades federativas con el Consejo Nacional de
Seguridad Pública.”
B. LAS
PROPUESTAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA
La secretaria de Hacienda y Crédito Publico y
la Unidad de inteligencia Financiera mediante un documento emitido en el año
2020 denominado “Creación o Fortalecimiento de las unidades de Inteligencia
Patrimonial y Económica (UIPE’s) en las Entidades Federativas”[15] definió que La
Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) es: “Una unidad
Administrativa con sistemas efectivos y eficaces que permiten la obtención de
primera mano de toda la información patrimonial, fiscal y económica existente
en diversas instancias locales; con el objetivo de transformarla en información
de inteligencia, a fin de prevenir y combatir las Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita (ORPI) así como debilitar las estructuras patrimoniales y
económicas de la delincuencia.” Y para tal efecto propone tres modelos para
las entidades federativas sin especificar sus funciones, las que se deberán
interpretar en términos de las unidades existentes en la normatividad federal y
que son los siguientes: El primer modelo que consta de trece personas con un
Titular, una secretaria Técnica, una Dirección de Análisis Patrimonial y Fiscal
integrada con tres Analistas, una Dirección Jurídica Integrada con tres
Subdirecciones una de Normatividad y dos de Procesos Legales y un Notificador,
una Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (Tics) integrada
con una Jefatura de Departamento; El segundo modelo consta de 21 personas con
la siguiente estructura: Un Titular, una Secretaria Técnica, una Dirección de
Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics) Integrada con dos Jefaturas
de Aplicaciones Tecnológicas, una Dirección General de Análisis Integrada con
las Siguientes Direcciones: A.- Una Dirección de Análisis Económico Patrimonial
con tres Analistas, B.-Una Dirección de Análisis Fiscal y Contable con tres
Analistas, una Dirección General de Procesos Legales con la siguiente
estructura A.-Una Dirección Jurídica con una Subdirección y un Notificador B.-
Una Dirección de Procesos Legales con una Subdirección y una Jefatura; El
tercer modelo que se propone consta de 42 personas con la siguiente estructura:
Un Titular, una Secretaria Técnica con un Auxiliar, Una Dirección de
Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics) Integrada con una
Subdirección de Aplicaciones Tecnológicas y dos Jefaturas de Aplicaciones
Tecnológicas, una Dirección General de Normatividad Integrada con; A.- Una
Dirección Jurídica, una Subdirección, una Jefatura y un Notificador, B.- Una
Dirección Normativa con una Subdirección, una Jefatura y un Notificador, Una
Dirección General de Análisis Integrada con las siguientes Direcciones: A.- Una
Dirección de Análisis Estadístico con una Subdirección y Tres Analistas, B.-
Una Dirección de Analisis Económico con una Subdirección de Analisis
Patrimonial y con tres Analistas, C.- Una Dirección de Analisis Patrimonial con
una Subdirección de Analisis Patrimonial y tres Analistas y una Dirección
General de Procesos Legales con la siguiente estructura: A.-Dos Direcciones de
Procesos Legales cada una de ellas con una Subdirección y una Jefatura, B.- Una
Dirección Jurídica con una Subdirección de Amparos y otra Subdirección
Jurídica.
A partir de estas propuestas se crea la
Coordinación Nacional de Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica bajo
la dirección de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.
UNIDADES DE INTELIGENCIA
A NIVEL ESTATAL
Cabe señalar que hasta el año 2020, se
habían creado unidades de inteligencia financiera en varios Estados de la
Republica con adscripción en diferentes áreas como son: La Fiscalía Estatal, La
Secretaría en materia de Finanzas o Hacienda Pública, o en la Secretaría en
materia de Seguridad Pública, pero como veremos a continuación, también se han
constituido como organismos Públicos autónomos, de lo que se advierte que su
funcionamiento en cada caso dista mucho de ser el idóneo para obtener los
resultados que se pretenden en el marco jurídico analizado en las convenciones
internacionales, ya que no existe homologación ni armonización legislativa como
lo comprobaremos a continuación:
En primer lugar tenemos que en la mayoría de
los casos se siguió la mecánica de un convenio de colaboración, y a guisa de
ejemplo tenemos el celebrado por la Unidad de Inteligencia Financiera Federal
con la Fiscalía General y con la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, del Estado de Aguascalientes [16] convenio por el
cual no se crea una unidad de inteligencia Estatal y solo se establece la
obligación de intercambiar información y documentación, pero acotada en razón
de sus funciones, de tal manera que las citadas fiscalías le facilitaran toda
la información requerida a la Unidad de Inteligencia Financiera, y por otra
parte la Unidad de Inteligencia Financiera proporcionara información que sirva
de apoyo para la investigación de delitos del orden común, en el ámbito de la
competencia de cada Fiscalía.
Un caso distinto lo tenemos en el Estado de
Yucatán donde a partir de la firma del convenio de colaboración entre el
Gobierno del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera el 10 de septiembre
de 2020, el Ejecutivo del Estado presenta ante el Congreso local toda una
propuesta integral, dando lugar a la creación de la Agencia de Inteligencia
Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán, mediante decreto 620/2023 que se
publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el 20 de abril
del 2023, y con el Decreto 684/2023 se modifica la Constitución Política del
Estado de Yucatán y se emite la Ley Orgánica de la Agencia de Inteligencia
Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán,[17]que se crea como un
organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con
plena autonomía técnica, presupuestal y de gestión, y para el cumplimiento de
su objeto, se dota a la agencia entre otras de las siguientes atribuciones:
I. Solicitar, recabar
y recopilar, en términos de esta ley y, en su caso, de conformidad con los
instrumentos jurídicos de coordinación o colaboración que se celebren para tal
efecto, toda la información y documentación útil y necesaria en materia fiscal,
económica, financiera y patrimonial con que cuenten las autoridades federales,
de las entidades federativas y los entes públicos, a fin de prevenir y detectar
operaciones con recursos de procedencia ilícita o hechos que pudiesen
constituir delitos fiscales dentro del estado.
II. Generar,
sistematizar, analizar y consolidar información fiscal, económica, financiera y
patrimonial con la finalidad de detectar y denunciar operaciones con recursos
de procedencia ilícita o hechos que pudiesen constituir delitos fiscales dentro
del estado.
III. Elaborar productos
de inteligencia, informes y reportes que permitan identificar factores de
riesgo y operaciones inusuales para prevenir, detectar, denunciar y combatir el
delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
IV. Denunciar ante
las autoridades competentes cuando en el ejercicio de sus atribuciones tenga
conocimiento sobre la probable comisión de conductas susceptibles de ser
investigadas y coadyuvar con ellas en el desarrollo de las investigaciones
pertinentes.
V. Realizar el
seguimiento de las denuncias que formule, desde su presentación y, en su caso,
hasta la emisión de la resolución firme, así como de los reportes de
inteligencia presentados ante la autoridad competente.
VI. Colaborar con los
entes públicos, las autoridades federales y de las entidades federativas, para
el intercambio de información en las materias de su competencia.
VII. Coordinarse con
las instancias y autoridades en materia de seguridad pública para la atención
de los asuntos de su competencia.
VIII. Contribuir de
manera directa o indirecta en la prevención del delito de operaciones con
recursos de procedencia ilícita en términos de los artículos 2 y 3 de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública[18].
Otro caso interesante es el del Estado de
Nuevo León en donde el Congreso del Estado el día quince de junio de dos mil
veintidós, aprobó el decreto legislativo número 196[19], por el que se “reforma
el artículo 2, fracción VII, y se adiciona una fracción VI Bis 1 al artículo
10, así como un capítulo VIII Bis denominado ‘De la Fiscalía Especializada en
Inteligencia Financiera’, el cual contiene los artículos 33 bis y 33 bis 1,
todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo
León”, reforma por la cual la Unidad de Inteligencia Financiera y
Económica de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, pasa a
ser parte de la Fiscalia General del Estado pero ante la omisión del Ejecutivo
de publicar dicho decreto, se promueve por el Congreso del Estado, ante la
Suprema Corte de Justicia del Estado la controversia constitucional 272/2022[20] que resuelve la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenando que
el Poder Ejecutivo de Nuevo León publique el citado decreto, con el cual
la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) desaparece y pasa a
ser una Fiscalia Especializada de la Fiscalía local, y conforme a esta
modificación como Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, queda como
“el órgano competente para investigar los hechos que presuman o presupongan
en las personas un beneficio o incremento económico injustificable, que hayan
participado en operaciones con recursos de procedencia ilícita o que incurran
en alguno de los delitos comprendidos en el Código Fiscal del Estado.[21] Y se establece que esta
“ será la única autoridad estatal facultada para inmovilizar cuentas o
valores del sistema financiero, bajo las reglas previstas en la Constitución
Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.” y en el artículo
33 BIS se establecen las facultades que tiene para el combate al delito de
operaciones con recursos de procedencia ilícita que son:
“I. Generar, obtener, analizar y
consolidar información financiera, fiscal y patrimonial de las personas físicas
y morales, para la investigación de hechos presumiblemente ilícitos que
produzcan en las personas un beneficio o incremento económico injustificable,
que hayan participado en operaciones con recursos de procedencia ilícita o que
incurran en alguno de los delitos comprendidos en el Código Fiscal del Estado,
con la finalidad de aportar la información a las autoridades competentes,
pudiendo iniciar la investigación de oficio o en razón de la información que le
sea proporcionada por particulares, denuncias anónimas o de la información que
le sea proporcionada por las autoridades de la Administración Pública del
Estado cuando, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, tengan
conocimiento de hechos presumiblemente ilícitos;
II. Coordinarse con las dependencias y
entidades de la Administración Pública del Estado, en los asuntos de su
competencia, así como celebrar e implementar acuerdos o convenios con aquellas,
para el intercambio de información;
III. Requerir a las dependencias,
órganos político-administrativos, unidades administrativas, órganos
desconcentrados, fideicomisos públicos, organismos públicos descentralizados, y
demás entidades de la Administración Pública del Estado, de la Federación y de
los Municipios, la información y documentación necesaria para el ejercicio de
las atribuciones que se le confieren, los informes y datos que posean con
motivo de sus atribuciones. En caso de que se nieguen a proporcionarla de
manera oportuna les serán aplicables las medidas de apremio establecidas en el
Código Fiscal del Estado de Nuevo León;
IV. Promover y gestionar que las
entidades que conforman la Administración Pública del Estado y de los
Municipios, remitan las pruebas, constancias, reportes, avisos, documentación,
datos, alertas, imágenes, e informes sobre las conductas que en el ejercicio de
sus funciones tuvieran conocimiento pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio
o cooperación de cualquier especie que pudieran constituir actividades
sospechosas dentro del ámbito de su competencia;
V. Suscribir los documentos relativos
al ejercicio de sus atribuciones, así como celebrar, otorgar y suscribir
contratos, convenios, escrituras públicas y demás actos jurídicos de carácter
administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia,
de las unidades administrativas que le estén adscrita;
VI. Coordinarse con las autoridades
competentes para la práctica de los actos de fiscalización que resulten
necesarios con motivo del ejercicio de sus facultades;
VII. Participar, en el ámbito de su
competencia, en la formulación, vigilancia y cumplimiento de los convenios o
acuerdos de coordinación o colaboración suscritos, en los términos de las
leyes, reglamentos o acuerdos aplicables;
VIII. Acceder, compilar, explotar,
analizar y consolidar la información contenida en las bases de datos con que
cuentan los órganos centrales, descentralizados, desconcentrados y
paraestatales que conforman la organización de la Administración Pública del
Estado, con el fin de generar datos estadísticos, mapas patrimoniales que
identifiquen factores de riesgo, así como patrones inusuales en materia
financiera, fiscal y patrimonial para el cumplimento de sus atribuciones;
X. Requerir a los contribuyentes,
responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, y fedatarios
públicos, para que proporción en su contabilidad y demás datos, documentos o
informes, que sean necesarios para el cumplimento de las atribuciones;
XI. Realizar las diligencias
necesarias para allegarse de información financiera, fiscal y patrimonial, de
personas físicas y morales; y
XII. Las demás que sean necesarias
para el ejercicio de sus funciones, las que le sean conferidas y las demás que
le atribuyan expresamente esta ley, así como las disposiciones legales y
administrativas correspondientes.
Las facultades de la Fiscalía
Especializada en Inteligencia Financiera, tales como la solicitud de medidas
cautelares, providencias precautorias o la realización de actos de
investigación que requieran previa autorización del Juez de Control, deberán
realizarse en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.”
Ahora bien lo cierto es que como hemos
expuesto se han creado varias unidades de inteligencia financiera estatales,[22] también lo es que no
funcionan con la misma metodología ya que unas solo operan como analistas o
peritos del sistema penal, para casos específicos, pero no generan productos de
inteligencia, para la prevención o detección de los recursos de procedencia
ilícita, en tanto que otras si tienen facultades para analizar los movimientos
del sistema financiero y la información que se encuentra en el ámbito de sus
entidades federativas, para detectar los flujos del dinero originado en
actividades de las organizaciones criminales e incluso apoyar el ejercicio de
la acción de extinción de dominio[23], y otras como la de
Nuevo León, se le conceden facultades que solo se pueden ejercer en el ámbito
federal.
Finalmente cabe señalar que el 16 de mayo de
2019, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el
que se aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la
República para el periodo 2018- 2024; y en su diagnóstico destacó que “la
situación en la que actualmente se encuentra la sociedad mexicana, señalando que
la misma, se encuentra lastimada por la violencia y visibilizando al país como
una víctima del crecimiento exponencial de la delincuencia en sus diferentes
modalidades, que van desde los llamados delitos violentos, como el crimen
organizado, el narcotráfico y la trata de personas, hasta aquellos delitos como
el desvío de recursos y las Operaciones con recursos de procedencia ilícita
ORPI, por mencionar algunos. Derivado de lo anterior, en dicha Estrategia
Nacional de Seguridad Pública, se establecieron a su vez, estrategias
específicas que constituyen temas prioritarios y urgentes a atender a nivel
nacional, para recuperar la seguridad, pacificar el país y consolidar el Estado
de Derecho. De este modo, se determinó una estrategia específica de combate al
uso ORPI (mejor conocido como lavado de dinero o lavado de activos), mediante
el uso de la inteligencia financiera; contemplando así, el desarrollo de un
trabajo coordinado entre "LA UIF" y las entidades federativas del
país, para establecer o fortalecer Unidades de Inteligencia Patrimonial y
Económicas en los Estados, así como en la Ciudad de México.
En ese sentido, los integrantes de "LA
CONAGO", así como "LA UIF", han decidido sumar esfuerzos para
lograr el establecimiento de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y
Económica en todas las entidades federativas, de acuerdo al modelo nacional
establecido por "LA UIF"; a fin de generar Unidades que cuenten con
sistemas efectivos y eficaces que permitan la obtención de primera mano de toda
la información patrimonial, fiscal y económica, existente en diversas
instancias locales y la transformación de ésta en información de inteligencia,
con la finalidad de combatir las estructuras patrimoniales y económicas de la
delincuencia.
En dicha intención se establecieron las
siguientes líneas de acción: A) Armonización legislativa a nivel local,
respecto del establecimiento y funcionamiento de las Unidades de Inteligencia
Patrimonial y Económica; B) Homologación de criterios y plataformas de
tecnologías de la información y comunicación, para integrar y diseminar los
productos de inteligencia que generen las Unidades Locales; C) Coordinación y
comunicación efectiva entre las Unidades de Inteligencia Patrimonial y
Económica de las entidades federativas y "LA UIF"; D) Homologación de
conocimientos en materia de prevención e identificación de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y figuras de recuperación de bienes, producto
de la delincuencia; E) Diseño e implementación de políticas públicas y
desarrollo de propuestas de mejora en materia de prevención y combate al Lavado
de Dinero: F) Generación homologada en el país, de información estadística en
materia de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Proliferación de
Armas de destrucción en masa y sus delitos predicados.
En ese orden de ideas tenemos que si bien es
cierto se reconoce la necesidad de contar con Unidades de Inteligencia
Financiera en los Estados, lo cierto es que se limita a los modelos que propone
la Unidad de Inteligencia Federal, y que no pueden tener los alcances
necesarios porque sus actividades estarían restringidas.
En conclusión, a pesar de que se ha
reconocido la importancia de las unidades de inteligencia financiera, para el
combate del lavado de dinero, tipificado como delito de Operaciones con
Recursos de Procedencia ilícita, lo cierto es que solo la Unidad de
Inteligencia Financiera Federal, tiene todas las facultades para la
recopilación de información, análisis, y la capacidad para elaborar tipologías,
aunado a que tiene funciones de naturaleza legislativa para proponer los
proyectos de disposiciones de carácter general relacionadas con el
establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar
operaciones con recursos de procedencia ilícita, emitir lineamientos que deben
observarse en las operaciones Bancarias, y aunado a lo anterior también tiene
funciones de supervisión de las actividades del sistema bancario que es una
facultad exclusiva de la Federación e incluso tiene facultades como autoridad
ejecutora para requerir la información a que se refieren las secciones Segunda
y Cuarta del Capítulo III de la Ley Federal para la Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para lo cual puede hacer
uso de algún medio coercitivo e incluso solicitar el congelamiento de cuentas
bancarias y en el ámbito penal su función no se concreta solo a Denunciar ante
el Ministerio Público de la Federación las conductas que puedan encuadrar en el
delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino también se le
faculta para allegarse de los elementos probatorios es decir se convierte en un
órgano investigador y como parte del proceso penal actúa como un coadyuvante,
en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, incluso con
la facultad de celebrar acuerdos reparatorios.
También tenemos el caso de diversos convenios
celebrados por la Unidad de Inteligencia Financiera Federal, por ejemplo con el
órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral con el objetivo de
establecer las bases y los mecanismos de cooperación para detectar delitos de
corrupción[24] o el convenio
celebrado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para implementar un
modelo de riesgo que permita detectar anomalías en el sistema financiero de
posibles empresas que tengan contrataciones con la dependencia.[25]
Y en el caso de las Unidades de Inteligencia
Financiera de los Estados la propuesta es que su actividad se concrete a ser un
auxiliar de la Unidad de Inteligencia Financiera Federal o bien como auxiliar
del Ministerio Publico, en el proceso penal o en el civil de extinción de
dominio, ya sea como analista o perito, de ahí que algunas Unidades de
Inteligencia Financiera Estatales forman parte de la estructura de la Fiscalía
del Estado, encargada de la investigación y persecución de los delitos, por lo
que su actuar se enfoca en forma principal al análisis de la información que
recaba el Ministerio Publico, para que sea analizada por la Unidad, o bien le
delega facultades de investigación para la elaboración de redes de vínculos, y
en otros casos forman parte de la Secretaria de Seguridad Publica, como
encargada de las acciones de prevención del delito y en otras forman parte de
la Secretaria de Hacienda local, encargada de la vigilancia y supervisión del
buen manejo de los recursos federales o estatales, por lo que está más enfocada
a vigilar los actos de evasión fiscal, de tal manera que como puede verse no
existe una armonización y en cualquiera de estas formas su actuación para el
combate del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es
parcialmente útil.
VII.
Conclusiones
En la actualidad Mexico cuenta con la
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda con una extensa
variedad de facultades, que van desde el marco legislativo, hasta el ejecutivo,
con acceso a una gran cantidad de fuentes de información como autoridad, por lo
que cuenta con todos los elementos necesarios para detectar y combatir las
conductas que dan lugar al delito de operaciones con recursos de procedencia
ilícita, en cambio las Unidades de Inteligencia financiera de los Estados solo
operan como auxiliares del Ministerio Publico en la Investigación, con acceso
limitado a las fuentes de información, y en ocasiones subordinada a la
información que obtenga el Ministerio Publico en la Investigación delito,
debido al secreto bancario y al secreto fiscal y a la normatividad que regula
el acceso a los datos privados, y en otros casos forman parte de la Secretaria
de Seguridad Publica, como encargada de las acciones de prevención del delito y
otras forman parte de la Secretaria de Hacienda local, más enfocadas a vigilar
los actos de evasión fiscal, de tal manera que como puede verse no existe una
homologación y en cualquiera de estas formas su actuación para el combate del
delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es parcialmente útil,
factores que hacen necesaria una revisión seria y analítica del funcionamiento
que deben tener estas unidades a nivel Estatal, como verdaderos analistas del
movimiento financiero y comercial de las entidades, para detectar las
actividades irregulares relacionadas con el delito de operaciones con recursos
de procedencia ilícita.
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