I. Introducción
l referirse al Derecho de Familia, se recuerda que es una de las
ciencias jurídicas más exploradas por el hecho de que todo ser humano no puede
sobrevivir a la vida, sino tiene o cuenta con los productos consumibles que le
den vida y fortaleza para tener un buen desarrollo o en su defecto, defiende un
patrimonio o requiere de un sistema sucesorio para poder delegar ese patrimonio
a quien así lo considere acorde a su voluntad.
Es de explorado derecho
señalar que, siendo los alimentos un producto consumible de forma diaria y
constante, toda persona forzosamente los necesita y requiere de una
alimentación sana, balanceada, nutritiva y saludable.
“La doctrina ha definido a los alimentos como el derecho que
tienen los acreedores alimentarios para obtener de los deudores alimentarios,
conforme a la ley, aquello que es indispensable no solo para sobrevivir, sino
para desarrollarse y vivir con dignidad y calidad de vida, incluye lo necesario
para estar bien alimentado, vestirse, tener un techo, recibir educación y
asistencia médica.
Los alimentos cumplen una función vital para la persona acreedora
del beneficio. Así, este derecho protege al beneficiario para asegurar los elementos
indispensables en su supervivencia derivado de una relación de dependencia.
Esto significa la provisión, conforme a la ley, ante la posible falta de
alimentos que mermaría o no permitiría el desarrollo del acreedor.
El uso del término alimentos tiene varias
connotaciones en la práctica cotidiana. No obstante, para esta investigación,
los alimentos explícitamente se refieren a:
El término alimentos nos coloca frente a un concepto que
posee más de una connotación. Comúnmente se entiende por alimento cualquier
sustancia que sirva para nutrir, pero cuando nos referimos a él desde el punto
de vista jurídico, su connotación resulta mucho más amplia, pues comprende
todas las asistencias que se prestan para el sustento y la sobrevivencia de una
persona, y que no se circunscriben sólo a la comida. Jurídicamente, por
alimentos debe entenderse la prestación en dinero o en especie que una persona, en
determinadas circunstancias puede reclamar de otras, entre las señaladas por la
ley, para su mantenimiento y sobrevivencia; ya que es todo aquello que por
ministerio de ley o resolución judicial un individuo tiene derecho a exigir
(acreedor) de otro (deudor) para vivir. Los alimentos constituyen la obligación
de una persona llamada deudor alimentario de proporcionar a otra llamada
acreedor alimentario (que le asiste el derecho), de acuerdo con las
posibilidades de aquél y con las necesidades del último, lo necesario para su
subsistencia biológica y social, ya sea en dinero o en especie.
Por su parte, el “Código Civil
del Estado de Guerrero”, en sus artículos 387 y 388, estatuyen la integración
y/o agrupación del concepto de alimentos y que comprenden una lista de derechos
inalienables para el acreedor alimentario que que cumple su desarrollo físico,
intelectual y humano; además el deudor tiene la obligación de proporcionarles
educación, asistencia médica en caso de menores y proporcionarles un oficio,
arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales.
Los alimentos como factor de
subsistencia representan para los acreedores alimentarios no solo el alma para
su sobrevivencia, sino para que se desarrolle como persona, y se visualice a un
futuro profesional dentro del mercado laboral, gracias a su deudor, quien a
través de su capacidad económica proveerá al alimentario de las bases para que
se logre ese propósito.
En ese contexto, en materia
familiar, “la suplencia de la deficiencia de la queja”,
es un detonante que auxilia a los involucrados a perfeccionar sus pretensiones
aun cuando no las pidan en sus escritos de demanda y contestación, porque se
suple en todo momento el derecho sustantivo que viene a beneficiar a las partes
en el proceso jurisdiccional correspondiente, tal y como se puede observar de
la siguiente jurisprudencia:
SUPLENCIA DE LA
QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA FAMILIAR. OPERA EN FAVOR DE CUALQUIERA DE LAS
PARTES EN EL LITIGIO, CUANDO SE INVOLUCREN DERECHOS ALIMENTARIOS”. En la
contradicción de tesis 148/2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación determinó que los alimentos tienen como fundamento
"la solidaridad que debe manifestarse entre las personas con algún vínculo
familiar"; en ese entendido, para comprender a mayor detalle a qué se
refiere el concepto de familia, es necesario indicar que el Pleno del Máximo
Tribunal del País, al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010,
afirmó que la Constitución Federal tutela a la familia entendida como
"realidad social", lo que significa que debe cubrir todas sus formas
y manifestaciones existentes en la sociedad, a saber: familias nucleares
compuestas por padres con o sin hijos (biológicos o adoptivos) que se
constituyan mediante el matrimonio o uniones de hecho; familias monoparentales
compuestas por un padre o una madre e hijos; familias extensas o consanguíneas
que se extienden a varias generaciones, incluyendo ascendientes, descendientes
y parientes colaterales; así como las uniones de todos los estilos y maneras.
En ese sentido, se considera que el concepto de familia se funda,
esencialmente, en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente
aceptada con la finalidad de llevar a efecto una convivencia estable. En este
orden de ideas, es claro que al ser los alimentos un derecho de familia, todo
lo relacionado con aquella institución afecta indudablemente el orden y
desarrollo de todos los que son o hayan sido sus miembros; por ello, cuando el
motivo de la litis involucre derechos alimentarios procede la suplencia de la queja a
favor de cualquiera de las partes en el litigio conforme al artículo 79, fracción
II, de la Ley de Amparo, por alterarse y/o afectarse el orden y desarrollo de
la familia; suplencia que
consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en
sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe
ser absoluta en el sentido de validar cada una de las determinaciones de la
autoridad aun cuando no le reporten utilidad alguna al quejoso o recurrente o
por el contrario le perjudique, sino sólo implicará el pronunciamiento para
aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado
y, por ende, el amparo resulte procedente.
No se debe perder de vista
que los alimentos tienen como condición para solicitarlos, la pura presunción
de necesitarlos (en tratándose de menores de edad), sin que prospere la
investigación o se exija la comprobación de que en verdad se necesitan, porque
la presunción es más que suficiente para otorgarlos desde el momento que son
exigidos.
Objetivo: Nuestro objetivo es analizar de
una manera teórica-práctica el mecanismo idóneo para garantizar de una manera
eficiente los alimentos en el proceso familiar, sin que el deudor alimantista
pueda evadir su obligación de proporcionar alimentos.
Método: En el presente
trabajo pretendemos utilizar el método analitico-descriptivo
porque se analizò a la figura de los alimentos no solo desde la forma en que
son definidos sino que además se evaluo el proceso jurisdiccional que la
legislación en la materia ha establecido para que estos sean determinados en
favor de quien o quienes lo necesiten, llegando a encontrar que los mecanismos
utilizados en el proceso para asegurar los alimentos suelen ser deficientes y
arribando a la importancia de que existan mecanismos que realmente cumplan con
el propósito del aseguramiento de los alimentos.
II.
Los alimentos en el derecho
procesal familiar
Los derechos alimentarios para su exigencia deben pasar por un
proceso jurisdiccional con el “Juez de Primera Instancia del Ramo Familiar”,
quien es la autoridad competente en este tipo de asunto judiciales, del mismo
modo cualquier otro tipo de convenio celebrado ante autoridad diferente tiene
fuerza coercitiva para el cumplimiento forzoso en caso incumplimiento, como lo
establece la siguiente ejecutoria:
CONVENIOS SOBRE ALIMENTOS FIRMADOS ANTE EL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, ES
PROCEDENTE LA VÍA DE CONTROVERSIA FAMILIAR.
Hechos: Una mujer solicitó, por la vía de controversia familiar,
el reconocimiento, aprobación y elevación a sentencia ejecutoria de un convenio
en materia de alimentos celebrado con el padre de sus hijos ante el DIF.
También solicitó el pago del adeudo reconocido en el convenio y de las
pensiones alimenticias y, en caso de no lograrlo, la ejecución de la garantía
pactada.
El Juez resolvió que la vía de controversia familiar no era la
idónea, por lo que dejó a salvo los derechos de la mujer y de sus hijos para
hacerlos valer en la vía y forma correspondientes. La Sala familiar confirmó
dicha determinación.
Inconforme, la mujer promovió un juicio de amparo directo. En su
sentencia, el Tribunal Colegiado estableció que si bien en la vía de
controversia familiar sí podía reclamarse el pago de alimentos, esto no ocurría
para elevar a categoría de sentencia un convenio celebrado ante el DIF, pues la
vía era la de jurisdicción voluntaria. Inconforme, la mujer interpuso un
recurso de revisión.
Criterio jurídico: Conforme a la legislación civil del Estado de
San Luis Potosí, los convenios sobre alimentos firmados ante el DIF, adquieren
validez desde su celebración, lo que significa que desde ese momento las partes
están obligadas a su cumplimiento, sin necesidad de homologación o
reconocimiento por autoridad judicial. Sin embargo, cuando estos convenios no
se cumplan voluntariamente, las partes pueden reclamar lo pactado en sede
jurisdiccional interponiendo una controversia familiar.
Si en la demanda que al respecto se presente, la parte actora
solicita la homologación y el reconocimiento como sentencia ejecutoria de ese
convenio, la persona juzgadora debe corroborar que la verdadera pretensión de
la persona solicitante es que se cumpla dicho convenio y, si es así, dirigir el
proceso a fin de que se ejecute lo acordado por las partes sobre los montos a
cubrir por concepto de pensión alimenticia y los demás compromisos pactados.
Justificación: De conformidad con el derecho de acceso a la
justicia, las personas juzgadoras están obligadas a asumir una actitud de
facilitadoras del acceso a la jurisdicción, es decir, que ante la duda entre
dar trámite o no a un juicio en defensa de un derecho humano, debe elegirse la
respuesta afirmativa.
Además, tratándose de asuntos relacionados con la protección de
los derechos de familia, el artículo 1139 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de San Luis Potosí establece claramente que se podrá acudir ante
la autoridad familiar a solicitar cualquier cuestión en materia de alimentos
sin que para tal efecto se deba cumplir con alguna formalidad.
Por lo tanto, para determinar si es procedente la vía de
controversia familiar cuando una persona solicita el reconocimiento de
sentencia ejecutoria de un convenio de alimentos celebrado ante el DIF, la
persona juzgadora debe partir de la base de que esos convenios gozan de
ejecutividad, lo que implica que se puede reclamar su cumplimiento al deudor
alimentario sin necesidad de aprobación judicial previa.
En ese sentido, la persona juzgadora está obligada a hacer un
análisis integral de la demanda para definir si la pretensión real de la
persona solicitante es que se ejecute ese convenio ante los adeudos en los que
ha incurrido la persona deudora alimentaria, lo cual conforme a la legislación
procesal civil del Estado de San Luis Potosí sí encuadra en la vía de
controversia familiar.
De ahí, que para estar en
mejores condiciones de saber cuál es la fuente jurídica del derecho alimentario
para los acreedores, se debe tomar en cuenta la legislación que a continuación
se destaca, únicamente los artículos que señalan esos derechos. Así se tiene
que el Artículo 27 de “la Convención sobre los Derechos del Niño”, en su punto
4, estatuye, entre otras exigencias, que los Estados integrantes del Pacto
internacional adopten las condiciones más favorables para el aseguramiento del
pago de una pensión alimenticia, inclusive abren la puerta para que los
intervinientes tengan asi también el hecho de celebrar un convenio sobre el
monto de la pensión alimenticia.
En el ámbito nacional se tiene que, “la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en su artículo 4º., décimo primer
párrafo y que destacamos:
En todas las decisiones y actuaciones del Estado
se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez,
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho
a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas
a la niñez.
Por su parte, “La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”,
adopta las obligaciones que se originan de la Patria Potestad, tutela o guarda
y custodia y sobre todo, resalta dicha legislación, la obligación que tiene
para garantizar los derechos alimentarios para el libre desarrollo de la
personalidad, destacamos en ese sentido:
a) La
alimentación y nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y
psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médico-hospitalaria y,
en su caso, los gastos de embarazo y parto;
b) Los gastos
derivados de la educación y la formación para proporcionar a los menores un
oficio, arte o profesión, adecuados a sus circunstancias personales, y
c) Con relación a
los menores con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de
interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o
rehabilitación y su desarrollo.
Ahora bien, y en base a
lo antes expuesto, es indiscutible que el deudor no solo debe tener capacidad
económica para otorgar alimentos, sino voluntad propia, para que de manera
voluntaria los entregue a sus acreedores. Pero este hecho es poco probable
cuando se trata de un procedimiento judicial, en donde se pueden dar varios
supuestos acorde a los intereses muchas veces del mismo deudor, puesto que la
experiencia que se ha obtenido a la largo del litigio, ha demostrado que los
alimentos cuando el deudor no tiene una fuente de trabajo gubernamental, es
fácil de evadirlos, la mayoría de las veces a complacencia de su “patrón”,
quien lo cubre a todas luces o en su defecto, los abogados litigantes
encuentran una falla al proceso para poder atraer nuevos acreedores cuando
estos no muchas veces tienen esa calidad.
En la práctica
profesional, se ha determinado que cuando el deudor está bajo las órdenes de
uno de los tres poderes de gobierno, de un organismo descentralizado, autónomo
o una empresa, se tiene la facilidad de que sus acreedores perciban, mediante
porcentaje, una pensión alimenticia, a través del descuento directo que se
realice a su salario percibido; caso contrario, cuando el deudor no cuenta con
un empleo “fijo” o trabaja cuando puede o tiene oportunidad de obtener un
trabajo transitorio, es muy complicado para el acreedor alimentario hacerse del
“pago de la pensión alimenticia decretada”, puesto que en la legislación
familiar no existe un procedimiento coercitivo para el cumplimiento de la
obligación en este supuesto.
En ese contexto, el
problema surge cuando se decreta la pensión alimenticia, ya sea provisional o
definitiva, en salarios mínimos, debido a que al no tener el deudor alimentario
un salario fijo tiende a incumplir con su obligación de proporcionar los
alimentos que le fueron decretados a favor de sus acreedores alimentistas,
resultando ineficaces los medios que utiliza el juez de lo familiar para lograr
el cumplimiento de la obligación alimentaria, como son: el embargo de bienes
propiedad del deudor alimentario, la Inscripción en el Registro Estatal de
Deudores Alimentarios Morosos.
Aunque los juzgadores
consideren que por medio de la sentencia definitiva se aseguran los alimentos,
en la práctica se ha observado la ineficacia de estas medidas. En muchos de los
casos suelen pasar años sin que el deudor alimentario proporcione la pensión
alimenticia, teniendo que solicitar al juzgador requiera al deudor alimentario
para que realice dicho pago de las pensiones que ha dejado de proporcionar.
Ahora bien, es pertinente
entonces hacer un planteamiento sobre cómo se resolvería el problema de la
omisión del pago de alimentos cuando el deudor alimentario no cuenta con un
trabajo y sueldo fijos, pero no sin antes, mencionar la forma de como en la
actualidad se exige “el cumplimiento de la obligación alimentaria”. Las
siguientes definiciones surgen con base en la experiencia dentro del litigio en
materia familiar:
Pensión alimenticia voluntaria. Esto también se
puede llamar como la voluntad de buena fe del deudor alimentario, quien a pesar
de saber que tiene una obligación con sus acreedores acepta las condiciones de
ellos y pactan el monto de alimentos que debe cubrir.
Pensión alimenticia forzosa. Esto se origina al
poner en marcha la maquinaria del sistema judicial, mediante los “Jueces de
Primera Instancia en Materia Familiar”. En este caso, la acreedora o acreedores
deben forzosamente presentar una demanda en la que a través de los hechos se
narran las exigencias pretendidas, así como los medios de prueba que van
sostener sus argumentos constitutivos de la acción de pago de alimentos.
En ese último caso (b),
al radicarse la demanda el juzgador de que se trate, ordenará la radicación del
expediente dándole un número progresivo para su plena identificación, así como
ordenará que se notifique de manera personal al demandado (deudor) sobre la
existencia de una demanda en su contra, para que, dentro del término otorgado
para esos casos, conteste la demanda, se allane a la misma o niegue todos los
hechos imputados en su contra.
Ahora bien, en el auto de
radicación el juzgador, además de lo anterior, ordenará la expedición de
diversos oficios a innumeradas dependencias gubernamentales e Instituciones
privadas como las instituciones bancarias, para que informen sobre la
existencia de “bienes muebles” o “inmuebles” propiedad del deudor alimentario,
para que así en definitiva el juez familiar tenga más elementos de prueba
acorde con la capacidad económica y las necesidades exigidas, porque no se debe
perder de vista que la capacidad económica del deudor alimentario debe
determinarse con su salario y demás prestaciones, así como con su patrimonio, y
en su conjunto forma parte del concepto “capacidad económica”.
El sistema alimentario,
sienta sus bases en los principios: la proporcionalidad y el principio superior
de la niñez. En ese tenor, el artículo 397 del “Código Procesal Civil del
Estado de Guerrero” señala, que los alimentos deben ser proporcionados a las
posibilidades del que deba darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos,
mismos que serán determinados por convenio o sentencia.
De igual forma, este
ordenamiento legal, destaca que, para fijar la pensión alimenticia, se tomará
en cuenta la capacidad económica del deudor alimentario, y. las necesidades de
las o los acreedores alimentarios y nunca podrá ser inferior al 40% del salario
mínimo vigente, o del salario percibido y de las prestaciones a que tenga
derecho; fijada por convenio o sentencia, la pensión alimenticia se
incrementará proporcionalmente al aumento salarial, en todo caso el Juez
considerará al momento de resolver lo que beneficie a los acreedores
alimentarios.
De una interpretación armónica
del precepto antes trascrito, se puede decir, que una vez que la o los
acreedores alimentistas ejercitan la acción de alimentos, solo deben de
acreditar el parentesco que se tenga con el deudor alimentario para que el
“Juez de Primera Instancia en Materia Familiar”, decrete “provisionalmente” por
concepto de alimentos una cantidad que deberá cubrir el deudor, de la forma y
manera que el mismo Juzgador lo determine, sea semanal, quincenal o mensual,
que en esos momentos se tome en cuenta “la capacidad económica del deudor”, la
cual dentro de la secuela del procedimiento se harán las investigaciones
respectivas para que en la sentencia definitiva el Juzgador cuente con más
datos que vengan a demostrar la capacidad real del deudor, pues en los alimentos
provisionales solo se toma en cuenta “la necesidad” de los alimentos a favor de
quien los pide.
Así mismo, no se debe
perder de vista que, en el Estado de Guerrero, el monto del porcentaje es
tasado o tasar que significa otorgar un valor tal y
como está señalado por la norma jurídica, como se describe en el precepto
citado en líneas anteriores y que se destaca en este apartado lo que se viene
argumentando, es decir: “nunca podrá ser inferior al 40% del salario mínimo
vigente, o del salario percibido y de las prestaciones a que tenga derecho”.
En la práctica
profesional tanto la primera instancia como la segunda, adoptan criterios
diversos a la norma establecida, lo que deviene contrario a la ley por desacato
a un ordenamiento previamente establecido y casi siempre en perjuicio de los
acreedores alimentarios; pero como lo indica la tesis de cita, el
comportamiento de ese ordenamiento legal con los derechos humanos, deviene
inconvencional por ser violatorio a los principios rectores de la “Corte Interamericana
de los Derechos Humanos”, mismo que dice:
PENSIÓN
ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL
DEL ESTADO DE GUERRERO ES INCONVENCIONAL.
Criterio
jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el segundo párrafo del
artículo 397 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número
358, es inconvencional.
Justificación:
Los artículos 397, primer párrafo, del Código Civil del Estado Libre y Soberano
de Guerrero Número 358 y 27, numeral 2, de la Convención sobre los Derechos del
Niño, disponen los principios de proporcionalidad y
equidad que rigen en materia de alimentos, pues refieren que éstos habrán de
ser proporcionados a las posibilidades del que deba darlos y a las necesidades
de quien deba recibirlos. La disposición convencional reconoce a los padres
como detentadores de la responsabilidad primordial para proporcionar, dentro de
sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean
necesarias para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, lo cual amplía el
panorama de aplicación del principio de proporcionalidad, pues no limita el
cumplimiento de la pensión alimenticia a
las necesidades del acreedor alimentario. En consecuencia, el segundo párrafo
del artículo 397 del citado código, al establecer como porcentaje mínimo el 40
% del sueldo y demás prestaciones que obtiene el demandado por concepto
de pensión alimenticia, es
inconvencional, pues se opone a la facultad del juzgador de resolver de acuerdo
con los principios de proporcionalidad y equidad en materia alimentaria,
previstos tanto en el derecho doméstico como en el internacional.
Sin embargo, los
juzgadores no fundan ni motivan sus determinaciones al no ponderar lo
sustentado en una norma jurídica local frente a un criterio jurisprudencial
nacional e internacional. Por su parte, el principio superior de la niñez
protege todos y cada uno de “los derechos de los niños, niñas y adolescentes”,
entre los que se destaca hoy, es el “derecho a percibir una pensión
alimenticia”.
En este contexto, el
principio superior de la niñez es preponderante al “principio de
proporcionalidad en materia alimentaria”, tomando en cuenta que los acreedores con
el solo hecho de serlo deben de percibir una pensión alimenticia acorde a lo
establecido en la norma jurídica y no en saber si el deudor tiene o no los
recursos materiales y económicos para ser suministrados a su acreedor, aun
cuando se trate de la pensión alimenticia definitiva por tener el Estado de
Guerrero un sistema tazado de cómo se debe cubrir el monto alimentario, porque
la investigación de la capacidad económica solo retarda el proceso.
III.
El acreedor alimentario y el
deudor alimentista
El acreedor, acreedora o acreedores alimentarios son aquellos que
por derecho les corresponde ejercitar la acción de alimentos, ya sea la esposa,
la concubina, los hijos, los padres y todos aquellos que su conducta procesal
se adecue a la calidad de acreedor.
Por su parte, el deudor,
será quien proporcione los alimentos mediante convenio o sentencia, según el
caso. Cada uno de ellos, tanto acreedor como deudor, en iguales condiciones y
siguiendo el mismo proceso, debe de resolver cada una de sus pretensiones,
excepciones y defensas según el caso, como a continuación se expone.
Ahora bien, en la
Legislación del Estado de Guerrero, si bien es verdad, que los asencendientes o
descendientes y demás parientes colaterales, tienen la obligación de contribuir
al pago de una pensión alimenticia, tal y como se observa del contenido de los
artículos 394 y 395
del Código Civil del Estado de Guerrero; cierto es también, que ese derecho (a
otorgar alimentos), sólo procederá a “falta o por imposibilidad de los padres
acreedores, pues no existe una obligación solidaria, sino que debe de probarse
desde el mismo momento en que se presente la demanda de alimentos.
En ese tenor, la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo Directo
en Revisión 1200/2014, de 8 de octubre de 21014, determino:
Para que nazca la obligación de
alimentos es necesario que concurran tres presupuestos:
(a) el estado de necesidad del
acreedor alimentario; (b) un determinado vínculo familiar entre acreedor y
deudor; y (c) la capacidad económica del obligado a prestarlos. Por otro lado,
el objeto de la obligación de alimentos consiste en la efectivización del
derecho fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado, por tanto, es
indispensable que se encuentren cubiertas todas las necesidades básicas de los
acreedores alimentarios y no solamente aquellas relativas en estricto sentido
al ámbito alimenticio.
Bajo esa premisa, el sistema de pago de la
obligación alimentaria en la legislación guerrerense, está plenamente descrita
y es precisa en la clasificación de quienes son acreedores y deudores para el
pago de una pensión alimenticia, tanto provisional como definitiva.
IV. El proceso especial en materia
alimentaria
“El Código Procesal Civil del Estado de Guerrero” del año 1993,
hasta el año 2010, reglamentaba los alimentos provisionales, mismos que
regulaban, los alimentos provisionales con la exigencia que desde ese momento
ósea, desde la presentación de la demanda, la parte accionante debía de acreditar el
título en cuya virtud se piden, las posibilidades de quien deba darlos y la
urgencia de la medida. Cuando se pidan por razón del parentesco, deberá́
acreditarse este. Si se funda en testamento, contrato o convenio, debe
exhibirse el documento en que consten.
De la misma forma, se establecia el hecho
de especificar los periodos por los cuales el deudor debía de depositar los
montos decretados por el Juzgador a favor de su acreedor.
Sin embargo, en la
practica profesional del litigio, la complejidad estriba en el tortuguismo
administrativo ante la investigación de la capacidad económica del deudor,
porque el litigante debe de comparecer ante el Secretario de Acuerdos,
solicitando los oficios que de oficio deben de realizar los operadores de este
sistema, así como el envió de todos esos oficios, porque en materia familiar se
suplen todas y cada una de las exigencias de las partes, aun las de materia
procesal.
Como hoy el proceso es
más “sencillo”, la mayoría de los acreedores dejan el juicio solo con la medida
provisional de alimentos, y solo la continúan porque es necesario emplazar al
deudor para la obtención del oficio de descuento. Pero con la vigencia del
nuevo “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, se ordena desde
el mismo momento, lo que traerá como beneficio la rápidez, prontitud y
agilización de la Justicia Familiar en beneficio de los justiciables, tal y
como se puede observar del contenido del artículo 562 de la Legislación
Procesal Citada.
Esta normatividad, es
darle agilidad al proceso familiar, pero acorde a la experiencia, lo que va a
ser es que los procesos queden hasta esa etapa procesal, porque como se indicó
anteriormente, a muchos acreedores solo les interesa el descuento y que sea el
propio deudor quien se encargue de la secuela de las siguientes etapas.
V.
La garantía de aseguramiento
de los alimentos en el proceso familiar
De acuerdo con el “Diccionario de la Real
Lengua Española”, garantía significa:
1.
f. Efecto de
afianzar lo estipulado.
2.
Fianza, prenda. Sin
aval, fianza, señal, prenda, seguro, resguardo, depósito, respaldo, responsiva.
3.
f. Cosa que asegura
y protege contra algún riesgo o necesidad.
4.
f. Seguridad o
certeza que se tiene sobre algo. Lo hizo con la garantía de que no producirán
complicaciones. Anti: Inseguridad.
5.
f. Compromiso
temporal del fabricante o vendedor, por el que se obliga a reparar
gratuitamente algo vendiendo en caso de avería.
6.
Documento de
garantía de un producto”.
La garantía en materia de
alimentos es el mecanismo por medio del cual la parte acreedora tendrá la
seguridad jurídica de que su deudor tenga las posibilidades para otorgar una
pensión alimenticia decretada, mientras ese deudor pertenezca al sistema
gubernamental en sus tres niveles, organismos descentralizados, desconcentrados,
autónomos o de cualquier empresa nacional o internacional, pero si el deudor no
tiene un trabajo de esa índole, entonces el monto de la pensión será acorde al
salario mínimo o en su defecto, tal y como lo dispongan en ese momento las
partes, haciendo uso de los mecanismos alternos señalados.
Ahora bien, dentro de la práctica
profesional se ha observado la negativa total “del deudor alimentario” en
otorgar el monto de la pensión alimenticia “real” acorde con su salario y demás
prestaciones que deviene de la naturaleza del mismo trabajo.
En ese tenor, los “Jueces
de Primera Instancia en Materia Familiar”, sólo tienen a su alcance los citados
medios de apremio para que las partes cumplan con cada una de las
determinaciones que emanan de sus facultades, entre otras, las de fijar y
requerir los alimentos al deudor, aun cuando también se ha establecido, en el
siguiente precepto jurídico, que, en materia familiar para garantizar el pago
de alimentos, existen las siguientes medidas cautelares como: la prenda, el embargo,
la fianza. Así se observa que el artículo 404 del “Código Civil del Estado de
Guerrero”.
Bajo esos lineamientos, el deudor
alimentario tiene un abanico de posibilidades para cumplir con su
responsabilidad y obligación que tiene para con sus acreedores, con
independencia que la parte acreedora o el juez solicite o decrete una de esas
medidas precautorias. Pero repetimos lo que sucede en la práctica profesional
de todos los días en los juzgados de primera instancia en materia familiar: lo
de costumbre, “se investiga” la capacidad económica del deudor y si cuenta con
bienes, entonces, procede el embargo correspondiente y el trámite y costo del
registro, corresponde a la parte acreedora.
Hoy solo pretendemos ilustrar a quien
litiga y encuentra una mejor solución al obstáculo del deudor alimentario de no
cubrir una pensión alimenticia o no sabe cómo hacerlo, porque todos los
“jurisconsultos” o algunos de ellos dirán que en el caso que se plantea no
existe problema alguno, sino solo es necesario que se aplique la norma jurídica
al caso en concreto, bueno espero descubrir esa norma o el procedimiento
adecuado, pero antes de eso, aquí se dejan algunas ideas.
Tampoco se desconoce que la falta de pago
de una pensión alimenticia establece una “violación a los derechos humanos” de
los acreedores, máxime cuando estos son menores de edad, porque viola enfrente
de los ojos del juzgador los principios básicos del proceso familiar: “el
principio superior de la niñez” y “la violencia económica”. De ahí, que solo basta
voltear a ver la práctica profesional de todos los días en materia familiar,
quien ejercita la acción es la madre, la esposa, la concubina o la mujer que ha
procreado un hijo con el deudor y este en “calidad de padre no cumple con la
obligación alimentaria” y su contribución a la manutención, bienestar y
desarrollo de sus acreedores alimentistas.
Por ello, el “Juez de Primera Instancia” a
petición del Ministerio Público o de oficio debe de iniciar no solo los
requerimientos del “cumplimiento de la obligación alimentaria”, y decretar en
su caso, alguna medida precautoria para garantizar el cumplimiento alimentario,
sino la incoación de un “proceso penal por incumplimiento de las obligaciones
de asistencia familiar”, aun cuando se diga que la parte acreedora tiene a
salvo sus derechos para ejercitar el ejercicio de la acción penal, pero se debe
tomar un alto para saber cuál es la función del Ministerio Público, si solo
esta en materia familiar para representar los intereses de los menores o de los
ausentes; entonces porque no los defiende en aras del “principio superior de la
niñez”, que haga hasta lo imposible por defender los derechos fundamentales de
los menores, para que así, se rompa el obstáculo procesal de que la parte
acreedora ejercite mediante la querella correspondiente el “delito de
incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria”.
En ese tenor, si la ley penal tiene un
mecanismo coercitivo para que el deudor alimentario tenga la posibilidad de
cumplir con sus obligaciones de asistencia familiar, debe de haber una
coordinación entre el “Juez de Primera Instancia Familiar” y el Juez de
Control, para que estos actúen siguiendo los protocolos de “protección a los
derechos de los menores acreedores” y actúen en consecuencia, no recomendando
los “mecanismos alternos de solución de controversias”, sino partiendo de la
“negativa” del deudor de hecho incumplido para que así, el representante social
justifique la prisión preventiva o en su caso, impulse un acuerdo de voluntades
en donde se cumpla con lo exigido por la norma penal y familiar en caso de
incumplimiento, sobre todo garantizando los montos de la pensión alimenticia
decretada, tal y como se observa de la siguiente disposición normativa 205, que
preve el delito de Incumplimiento de la obligación alimentaria.
En ese mismo tenor, se
concluye que, para el “cumplimiento del pago de las pensiones decretadas a
favor de la parte acreedora”, no solo se debe de tomar en consideración lo
antes estatuido, sino que también se debe considerar lo siguiente:
A)
Se
debe de partir de la obligación alimentaria decretada de forma provisional,
definitiva o por convenio de las partes.
B)
Se
debe realizar el requerimiento al deudor de manera oficiosa y, en caso
contrario, darle la intervención al “ministerio público” para el ejercicio de
la acción penal de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar”.
C)
De
manera oficiosa se deben decretar las medidas cautelares de embargo, fianza,
prenda u otra forma de garantizar los alimentos.
D)
Se
debe decretar la “pérdida de la guarda y custodia y convivencia” ante la
negativa del cumplimiento del pago de alimentos.
E)
En
todo momento debe prevalecer el acuerdo de voluntades de las partes, siempre
ponderando el principio superior de la niñez.
F)
Se
debe de investigar la calidad de vida que tenga el deudor alimentario, en los
casos particulares en donde se demuestre la insolvencia material y laboral,
para los efectos de que el juzgador esté en condiciones de asegurar una pensión
alimenticia que no se quiere aportar, en los casos como: abogados, doctores,
ingenieros y todo profesionista que no cuente con un registro de actividades
oficiales.
En ese parámetro, el
juzgador de primera instancia en materia familiar aunado a sus facultades
oficiosas y de “suplencia de la deficiencia de la queja”, dará más certeza
jurídica a un procedimiento que a todas luces parece ser fácil de cumplir y
sencillo de evadir una responsabilidad y obligación de quien proporciona los
recursos económicos y materiales de quienes acuden a solicitar alimentos.
Los padres por regla
general, tienen la obligación de cuidar, proteger, educar, resguardar y otorgar
alimentos a sus hijos, y cuando aquellos estén separados, se atenderá a uno de
los principios rectores del derecho familiar, como lo es el método de
proporcionalidad, que significa que los alimentos deberán ser otorgados acorde
a la “necesidad del acreedor” y a “las posibilidades económicas del deudor”,
pero como se viene sosteniendo, debe de ser ponderado frente al “ interés
superior de la niñez”, porque se trata de los derechos de los menores, en su
caso son la mayoría quienes comparecen representados por su progenitora.
VI. Resultados
El Juicio especial
de alimentos tramitado en el Estado de Guerrero, es una vía que permite llevar
una justicia familiar pronta y expedita, en donde al mismo tiempo de que se
presenta la demanda se están ofreciendo los medios de prueba.
Procedimiento
que puede ser incoado en forma escrita o mediante comparecencia de la parte
acreedora o de quien legalmente lo represente, anexando los documentos base de
la acción que demuestren en primer lugar el vinculo jurídico que da origen a
dicha obligación, para posteriormente probar la capacidad económica del deudor.
En ese
contexto, el juzgador de primera instancia en materia familiar, decreta un
porcentaje y/o un monto en salarios minimos, como lo regula el artículo 397 del
Código Civil del Estado de Guerrero, el cual no debe de ser inferior a un 40%
del salario y demás prestaciones o de un salario mínimo, el cual aumentará
acorde con las actualizaciones que al respecto se realicen al salario.
Bajo esos
lineamientos, la autoridad jurisdiccional, se pronuncia primero por una pensión
alimenticia provisional, porque hasta ese momento sólo opera la necesidad del
acreedor cuando se trate de un menor de edad y la capacidad económica del
deudor. Es en este punto donde inicia la investigación de los ingresos y demás
prestaciones que perciba el demandado (a) por su trabajo remunerado; pero
también la legislación guerrerense en su dispositivo normativo 397 Bis, abre la
posibilidad de investigar al deudor alimentario desde su estilo o nivel de vida
que tenga, para poder asi el juzgador de lo familiar tener más condiciones y
posibilidades de fijar una pensión alimenticia conforme a derecho sin violación
a los derechos humanos del deudor y, este periodo (estilo de vida), debe ser
los últimos dos años.
En esa idea es muy
importante destacar lo que el legislador guerrerense establece para acreditar “el
nivel de vida del deudor”, es decir, el juzgador de oficio debe ordenar la
indagatoria del grado de estudios del deudor, los servicios de salud con que
cuenta, lugar donde habita y se desembuelve de manera diaria y natural, aunado
a lo previsto en el presente artículo en la parte de como se debe asegurar una
pensión alimenticia de forma definitiva.
Pero en la práctica del
derecho familiar, es muy común que el deudor alimentario trate de evadir su
responsabiliad alimentaria, sobre todo sino tiene un empleo gubernamental,
empresarial o de Institución educativa, y cuantas veces no se ha escuchado
decir: “hazle como quieras no tengo como probar mis ingresos”. Situación que
pone en desventaja al acreedor alimentario frente a su deudor y, la mayoría de
las veces el Juez Familiar no ordena la investigación correcta sobre el nivel
de vida del obligado.
Luego, que se propone
acorde a lo narrado en este artículo de una forma sencilla:
Primero. Los
alimentos deben fijarse acorde con el principio de proporcionalidad y capacidad
económica.
Segundo. La
necesidad, en tratándose de menores de edad, se presume; en mayores de edad se
tiene que probar.
Tercero. El
Juzgador debe investigar la caliad de vida del deudor y los factores que lo
engloban, para poder fijar un monto de pensión alimenticia apegada a derecho.
VII. Conclusiones
Al
finalizar el presente trabajo, hemos llegados a las siguientes conclusiones:
PRIMERA. “Los alimentos son prioritarios” en la vida
del ser humano y cuando estos se exijan en un proceso familiar, debe el
Juzgador de Primera Instancia en Materia Familiar otorgarlos sin obstáculos de
alguna índole.
SEGUNDA. En materia de alimentos deben de ponderarse
los principios de proporcionalidad frente al “principio superior de la niñez”,
dándole más realce a los derechos de los acreedores y si son “menores de edad”,
mejor.
TERCERA. En el proceso de alimentos, se deben de
respetar los términos y condiciones para la pronta resolución del juicio.
CUARTA. El Ministerio Público en el proceso familiar,
no debe esperar en iniciar la carpeta de investigación ante la negativa del
deudor de otorgar los alimentos a sus acreedores, sin que la parte acreedora
tenga su derecho a salvo.
QUINTO. No solo se debe dar aviso al Padrón de
deudores de la negatividad del demandado alimentario de otorgar alimentos a sus
acreedores, sino que se le debe apercibir con la pérdida de los derechos de
guarda, custodia y convivencia con sus acreedores, ante la configuración de un
tipo de violencia.
SEXTO. En todo momento las partes involucradas pueden
comparecer ante el “Juez de Primera Instancia en Materia Familiar” a discutir y
solucionar su controversia de alimentos.
Conflicto de Interés
El autor declara que la investigación se realizó en ausencia
de relaciones comerciales o financieras que
pudieran interpretarse como un potencial conflicto de intereses, en la
publicación de estos resultados.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en